Mucho se ha dicho del polémico exmagistrado de la corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, conocido de autos por darle manejo poco transparente a algunos procesos mientras estuvo en el alto tribunal.
Vargas Silva fue un entusiasta defensor de las medidas arbitrarias adoptadas por Juan Manuel Santos para darle viabilidad al cuestionado proceso con la banda terrorista de las Farc.
Aquel exmagistrado es un sujeto que no da puntada sin dedal; cobró el favor y una vez culminó su periodo como magistrado, hizo que el gobierno Santos lo designara como relator sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el perfil de su cuenta personal de Twitter, Vargas se define como persona comprometida en el “combate frontal contra la trata de personas y la corrupción”.
En una grabación póstuma del ingeniero Jorge Enrique Pizano con un representante del grupo Aval, éste se refirió al magistrado Vargas Silva y reveló que a él, Odebrecht le había entregado una finca de 7 hectáreas en el municipio de Subachoque, en la sabana de Bogotá.
Esa zona es, sin duda, una de las más costosas de Colombia. Una hectárea de tierra puede llegar a costar $200 millones de pesos.
En palabras de Jorge Enrique Pizano, “todo se sabe en la viña del Señor. El tema de por qué ganaron [en referencia a Odebrecht] el proyecto de La Miel fue porque le regalaron 7 hectáreas en Subachoque a Luis Eduardo (sic) Vargas Silva, el magistrado”.
La Miel fue una carretera que terminó en un litigio en la corte Constitucional. Y de acuerdo con el ingeniero Pizano a cuyo testimonio los grandes medios le dan plena validez –incluido Noticias Uno-, esa tutela se resolvió gracias a la entrega de 7 hectáreas de tierra en Subachoque.
Son muchos los cuestionamientos que le caben a Vargas Silva. Un conocedor de la Corte Constitucional, le recordó a LOS IRREVERENTES que él, en condición de magistrado, dejó prescribir una condena contra Salvador Vicente Frieri, un barranquillero encontrado culpable por el delito de estafa.
La corte suprema impuso la sentencia, la cual fue tutelada por Frieri ante la corte constitucional. El expediente le fue remitido al despacho de Luis Ernesto Vargas Silva, quien metió al fondo de un cajón dicha sentencia. Al cabo de dos años, el proceso prescribió y Frieri, un estafador de grandes quilates, quedó impune.
Ya que el país ha decidido creer a pie juntillas las declaraciones del desaparecido Jorge Enrique Pizano, corresponde investigar a fondo periodística y judicialmente el caso de la finca con la que el ingeniero asevera que Odebrecht sobornó a Vargas, quien en sus primeras declaraciones ha intentado restarle importancia al asunto.
Creyendo que los colombianos son idiotas, Vargas dice que Pizano no se refiere a él, pues en la grabación menciona a un “Luis Eduardo” y él se llama Luis Ernesto. Ese error no lo exime de la investigación que debe adelantarse en su contra.
Es obvio que los corruptos no escrituran sus bienes a nombre propio. Para mimetizarlos, se valen de testaferros. Es fácil determinar cuándo se la transacción de la finca en cuestión, ubicar el terreno y saber a nombre de quién está inscrita en el registro de instrumentos públicos.
Esta demoledora revelación del ingeniero Pizano indefectiblemente abre un nuevo capítulo del cartel de la toga, cuyo protagonista es Luis Ernesto Vargas Silva quien debe ser retirado en el acto de su cargo en la CIDH.
Publicado: noviembre 21 de 2018
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