No se sabe cuál nombramiento aterra más. Si un Ministro de Defensa abiertamente enemigo de la Fuerza Pública, un Comisionado de Paz que promovió un pacto de impunidad con ladrones de cuello blanco o un Director de Restitución de Tierras que acolita las invasiones ilegales a predios en el Cauca. Preocupación total.

En primer lugar, Iván Velásquez no tiene ningún tipo de experiencia o vínculo con el sector defensa y, por si fuera poco, no son pocos los comentarios desobligantes que ha hecho en contra de la Policía y las Fuerzas Militares. Reiteradamente ha calificado las actuaciones de los uniformados como criminales y lejos de brindarle respaldo a la Fuerza Pública, su gestión se convertirá en una persecución constante al interior de las instituciones castrenses. 

De hecho, su llegada a esa cartera es el primer paso para trasladar la Policía al Ministerio del Interior, un sueño eterno de la izquierda, y poco o nada se puede esperar que mejore la situación de seguridad del País bajo su Ministerio. No habrá un liderazgo genuino para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. La relación con el pie de fuerza rápidamente se va a fracturar y la confianza de los uniformados será inexistente. 

Desafortunadamente, no se puede esperar que este funcionario defienda política e institucionalmente a los soldados y policías de la Patria ante los ataques que se hagan en su contra. Además, su nombramiento es una declaración de guerra a la oposición. Es conocida su animadversión personal en contra del Centro Democrático, con lo cual son nulas las garantías para quienes realicen control al nuevo Gobierno. 

En segundo lugar, Danilo Rueda fue uno de los artífices, junto con Juan Fernando Petro, del Pacto de la Picota. Bajo la excusa de pertenecer a una ONG, acudió a las cárceles para promover un acuerdo de impunidad a cambio de votos con los mayores corruptos de Colombia. 

Y como si eso no bastara, la organización que dirige legitima el accionar de las guerrillas al considerarlas una rebelión armada, amparada bajo el derecho a la guerra, con fines políticos. En otras palabras, más tardará en posesionarse como Comisionado de Paz que en arrodillarse ante el terrorismo con propuestas de negociación que repetirán la misma dinámica de La Habana: hablar de paz mientras asesinan soldados y policías para ejercer presión ante el Gobierno.

En tercer lugar, la llegada de Giovanny Yule a la Unidad de Restitución de Tierras implica un riesgo latente contra la propiedad privada. Además de los problemas estructurales que acarrean los procesos que lleva esa entidad, como el desconocimiento de los derechos de los terceros de buena fe, Yule ha participado en las invasiones que realizan los indígenas del Cauca a los predios azucareros.

De hecho, el CRIC, organización de la cual es directivo, lidera la persecución constante contra los propietarios de terrenos rurales en esa zona del País, con lo cual nada bueno se puede esperar. Bajo la excusa de restituir la tierra a las comunidades ancestrales se terminarán expropiando miles de hectáreas y, con ello, se pondrá en jaque la producción agroindustrial del sur occidente de Colombia.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 26 de 2022