Dice la historia que cuando se le comunicó al buen rey Luis XVI el evento de la toma de La Bastilla, exclamó: «Pero es una revuelta». Su interlocutor, el duque de Liancourt, le respondió tajantemente: «No, sire, es una revolución».
Parece que nuestro buen presidente Duque y muchos otros personajes de nuestra elite no se han dado cuenta de que lo que está en marcha a partir del 28 de abril pasado no es otra cosa que una revolución urdida por una secta perversa que aspira a derrocarlos e instaurar en nuestra patria un régimen totalitario y liberticida.
No estamos frente a manifestaciones de inconformidad explicables en razón de la crisis ocasionada por la pandemia. Ese es el pretexto, pero, aprovechando el estado de ánimo de buena parte de la población, los estrategas de de esa secta han azuzado a la juventud para que manifieste de la peor manera su desasosiego. Y, desde luego, han puesto en acción dispositivos largamente madurados para alterar el orden público cuando se diere la ocasión.
Ellos creen que la ocasión ya está dada, en virtud de la crisis que atravesamos y la impopularidad del presidente Duque. Se sienten al borde de la conquista del poder, habida consideración de las encuestas que favorecen para el próximo debate electoral al tenebroso y depravado Petro. Y sin reato alguno, impulsados por una audacia que no vacilo en calificar como criminal, se han arrojado como piratas al abordaje de la nave del Estado. Pretenden que la autoridad legítima claudique ante sus desmedidas pretensiones, que algunos han avaluado en más de 81 billones de pesos, suma que desborda con creces lo que se aspiraba a recaudar con la fallida reforma tributaria de Carrasquilla.
El desorden que reina hoy en distintos lugares no es, como creen algunos despistados, manifestación espontánea del disgusto popular. Hay un plan muy bien detallado que viene tanto del interior como del exterior para desacreditar la acción de nuestros gobernantes, apercuellar a las ciudades principales, bloquear las vías más importantes, paralizar el aparato productivo, imponer el desabastecimiento y el aislamiento de las comunidades, etc., todo ello mediante la violencia y la desinformación. Cuenta en su favor con una dañina entelequia internacional, que padece el influjo del marxismo cultural y observa con malos ojos los esfuerzos que hace nuestro país para preservar la democracia liberal.
Lo de las marchas pacíficas no es otra cosa que un subterfugio. Sus promotores saben que en el interior de ellas o al lado suyo medran los vándalos pagados y entrenados para ejercer sus depredaciones. Brotan ahí como maleza. La policía logra detener a unos pocos, pero los resultados de su judicialización son muy aleatorios. Lo más probable es que los jueces los liberen por falta de pruebas.
Recomiendo, para que se entienda bien lo que acontece ahora entre nosotros, el patético reportaje que le hizo hoy Fernando Londoño Hoyos en «La Hora de la Verdad» al empresario del sector avícola Juan Felipe Montoya. Ahí se ve cómo esos criminales pretenden cercarnos por hambre.
Uno puede pensar, por sus hábitos arraigados de jurista, que sobre los promotores del funesto paro y las autoridades tanto departamentales como municipales que lo han tolerado e incluso estimulado, sería dable que recayeran las responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales derivadas de su coparticipación en los desórdenes y los daños que los mismos han producido. Pero, a diferencia del célebre aldeano alemán del siglo XIX, acá ya no podemos exclamar que «todavía hay jueces en Berlín», pues el órgano judicial está en muy buena medida infiltrado por la secta de marras, lo mismo que el sector educativo público e incluso el privado, y hasta los medios de comunicación social.
El buen presidente Duque acaba de anunciar que ha tomado la decisión de ordenarle a la fuerza pública que despliegue todos sus efectivos para que cesen los bloqueos que están asfixiando la economía del país. Los agentes del desorden, a partir del criminal Comité de Paro o como quiera llamárselo, han hecho caso omiso de su pronunciamiento. Proclaman a voz en cuello que el paro sigue adelante, así sus deletéreos efectos colaterales se mantengan y se extiendan. El alcalde petro-comunista de Medellín no ha vacilado, pese a las advertencias presidenciales, en albergar y estimular una minga indígena que amenaza con hacer aquí lo que sus correligionarios caucanos acaban de perpetrar en Cali. Uno se pregunta si acompañar y aupar las marchas en contra del gobierno nacional configuran causales de falta disciplinaria, pues resultan ser algo impropio de las funciones que su cargo le asigna.
Ya hay voces que le piden al gobierno que decrete el estado de conmoción interior. Las condiciones están dadas para ello, pero, como tuve oportunidad de explicarlo ante el Club Rotario de Medellín, es un instrumento de eficacia muy relativa, ya que al ordenarlo el Presidente cae bajo las garras de la Corte Constitucional, que de hecho se convierte en árbitro de la conveniencia de las medidas que adopte para conjurar la crisis. Deja de ser él quien decida sobre cómo restaurar el orden público turbado, pues queda en manos ya no del dictamen jurídico de la Corte Constitucional, sino de su tendencia política.
Alguno de mis oyentes preguntó sobre lo que yo haría en medio de estas circunstancias. Le respondí que no entiendo bien al presidente Duque, pues, como soy viejo y algo conozco de la historia patria, mis modelos son Alberto y Carlos Lleras. Ojalá la suavidad de las maneras de aquél rinda buen fruto. Dios así lo disponga, pero pienso que a la ominosa revolución en marcha hay que oponerle nítidas y contundentes manifestaciones de las fuerzas vivas de la Colombia profunda, al igual que la Francia profunda se pronunció en 1968 en favor del general De Gaulle cuando los estudiantes maoístas y de otros pelambres ideológicos se tomaron las calles de París.
Hace 30 años, a propósito de la expedición de la Constitución que hoy malamente nos rige, escribí que ella contiene elementos capaces de hacer ingobernable a Colombia. Lo que hoy experimentamos me concede la razón. Bien me lo dijo en cierta oportunidad el presidente López Michelsen: «Más daño que la Constitución, ha hecho la Corte Constitucional».
¡Que la Providencia se apiade de nosotros!
Jesús Vallejo Mejía
Publicado: mayo 20 de 2021
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