La semana anterior ocurrieron hechos tan graves que apenas hay espacio para mencionar algunos. Para empezar, es imposible pasar por alto la bajeza moral del escudero de Petro, el «falsario» Gustavo Bolívar. Ahora resulta que aparte de ser patrocinador del grupo terrorista ‘primera línea’ y de ser instigador de los desórdenes, señalado así hasta por la alcaldesa de Bogotá, es un ladrón de siete suelas que no les paga ni a sus compinches.

El actor y activista de izquierda Bruno Díaz lo acusa de no haberle pagado a su hijo un contrato de 200 millones de pesos por la instalación de unos paneles solares en su hotel de Ricaurte (Cundinamarca), del que también debe otras cuentas a pesar de que el senador se jacta de ser millonario gracias al éxito de sus pornoseries de televisión. La mala fe de Bolívar llevó al hijo de Díaz a suicidarse por el incumplimiento, lo que debería dejarnos aprendida la lección de que con cierta gente no conviene meterse. Si les roban a sus amigos descaradamente, no les importará llenar bolsas plásticas con fajos de dinero de nuestros impuestos y acariciarlas impúdicamente como su jefe Petro, individuo que sigue liderando ampliamente las encuestas. ¿Así somos de estúpidos?

Y hablando de senadores, es insólito que el Congreso de la República no haya aprendido la lección del «descontento social» y ahora, por iniciativa de la Unidad Nacional de Protección, vayan a cambiar las camionetas Toyota cuyo alquiler cuesta 16 millones de pesos mensuales por otras más lujosas marca Mercedes Benz, pagando 7 millones más por su arriendo. Es insostenible que a los Padres de la Patria haya que pagarles un sueldo de más de 34 millones de pesos al mes, además de 50 millones para su Unidad de Trabajo Legislativo y ahora más de 20 millones por cada camioneta blindada, de las que suelen tener una Bogotá y otra en su región.

Es un hecho que a los funcionaros públicos hay que brindarles protección, pero la mayoría de los parlamentarios no necesitan semejante inversión ni con tanto lujo pues ni siquiera son conocidos por la opinión pública y tienen un nivel de riesgo mínimo. De hecho, muchos utilizan en sus regiones los vehículos oficiales para ir a la finca o para ir a mercar. Y cuando semejante erogación se dilapida en sujetos como Gustavo Bolívar, no queda más que concluir que al Congreso le sobra la mitad.

Otro hecho lamentable lo protagoniza la Ministra de Tecnologías Karen Abudinen, quien otorgó un contrato billonario a un consorcio de bandidos que presentaron documentación falsa para acceder a un anticipo de 70.000 millones de pesos. Insólito porque cuando a uno le van a dar un contrato oficial de los modestos le piden hasta certificado papal. Al Ejecutivo se le sugirió desde el principio que no trabajara con funcionarios santistas, como la señora Abudinen, pero se hizo el de la oreja mocha.

Y santista es también el señor Camilo Enciso, por culpa de quien nos podríamos quedar sin vacunas. Aunque el muy santista Consejo de Estado es el que carga la mayor responsabilidad de haber roto la confidencialidad de los acuerdos al publicar los contratos con las farmacéuticas en su página web. No seamos payasos, los documentos que allí se publican requieren el aval de los que mandan, que son los magistrados; eso no es decisión de una secretaria ni de la señora de los tintos. Hay gente con muchas ganas de hacerle daño a este gobierno y al país.

Lamentablemente, la Justicia da un pasito para adelante y dos para atrás. Apenas normal y plausible que le metan 5 años de prisión a la gamberra Epa Colombia por daños a Transmilenio por más de 500 millones de pesos, así como por instigar a la violencia con sus mensajes como «influencer». Y aunque es obvio que no estará más de un año largo tras las rejas por el exagerado garantismo judicial —reducción de un tercio de pena por trabajo y estudio, libertad por tres quintas partes de pena cumplida, beneficio de casa por cárcel, etc.—, a muchos se les hace exagerada la pena al compararla con los 9 años del magistrado Gustavo Malo o la siembra de lechugas a la que serán condenados los cabecillas de las Farc por cosas tan execrables como el reclutamiento forzado —léase «secuestro»; léase «desaparición»— de al menos 18.677 menores según la JEP. Un acto de una magnitud tal que hasta la pena de muerte se quedaría corta.

Viendo esas noticias, no es extraño que los colombianos sean los que tienen la visión más pesimista sobre la situación actual. Según una encuesta de Ipsos realizada en 28 países, el 88% de los nacionales cree que actualmente el país va por mal camino. Brutal.

@SaulHernandezB

Publicado: agosto 17 de 2021