Nuestro sistema de salud no es perfecto y tiene cosas por mejorar, pero es mil veces mejor de lo que existía antes de la Ley 100. La propuesta de reforma de la Ministra de Salud implica dejar a un lado treinta años de avances en el sector y revivir los peores fantasmas de un modelo de aseguramiento estatal que fracasó y que es inviable institucionalmente.

Es muy fácil criticar los problemas de las EPS. Hay demoras en la atención, se crean barreras para acceder a atenciones de mayor costo y el acetaminofén es el Rey de las prescripciones médicas. Sí, es verdad. Estos son eventos que no deberían ocurrir, pero que acontecen a diaro y que agotan la paciencia de los pacientes.

Sin embargo, la solución a estos aspectos administrativos no es hacer un borrón y cuenta nueva. Acabar con las EPS y entregarle la labor del aseguramiento a las Secretarías de Salud de las entidades territoriales, como quiere el Gobierno, implica revivir las peores experiencias del desastroso Seguro Social: corrupción, derroche burocrático y clientelismo.  

Con un factor adicional, y es que los recursos de la salud terminarían siendo utilizados por Alcaldes y Gobernadores para financiar campañas políticas. Si ya de por sí el nombramiento de los directores de los hospitales públicos depende de los padrinazgos políticos en las regiones, ahora imagínense a los mandatarios territoriales administrando la billonaria chequera que implica atender a 50 millones de colombianos. Un despropósito total.

Además, este abrupto cambio implicaría poner en riesgo el mayor avance que trajo la Ley 100: la cobertura en salud. En efecto, mientras que antes de 1993 menos del 30% de la población contaba con algún tipo de aseguramiento, en la actualidad el 99.6% de los colombianos tiene acceso a los servicios médicos. 

Un avance histórico que se logró gracias al híbrido que creó el sistema actual entre los modelos de aseguramiento privado para la población con ingresos, el régimen contributivo, y la cobertura estatal para las poblaciones en condición de vulnerabilidad monetaria, el régimen subsidiado, lo cual permitió expandir la capacidad del sistema de una forma financieramente sostenible . 

No obstante, el riesgo por el que atraviesa ahora el País es que si bien es cierto la estructura del sistema está en la Ley 100 y requiere aprobación del Congreso para modificarse, existen numerosos aspectos del día a día que decide el Ministerio vía Decreto y que puede utilizar el Gobierno para implosionar financieramente a las EPS y justificar un cambio de modelo, tal como lo es la determinación de la UPC -el dinero que le gira el Gobierno a las EPS por cada afiliado-.

De hecho, si el Ministerio no decreta un aumento de la UPC que tenga en cuenta aspectos como la inflación, el alza del salario mínimo y el rezago de recursos que llevamos en 2022 por cuenta de un IPC más alto de lo previsto a comienzos de año, las EPS no tendrían cómo cubrir los costos de la atención.

En otras palabras, se estaría poniendo en riesgo la vida de todos los colombianos para legitimar un cambio de sistema. Algo completamente inaceptable que se debe evitar a toda costa y para lo cual el control político que ejerza el Congreso será fundamental.

@LuisFerCruz12

Publicado: septiembre 28 de 2022