Tal y como lo señalé la semana anterior, en todos los estudios que se realizan a nivel global para medir la percepción de los ciudadanos en términos de confianza, es claro que la corrupción figura como el mayor flagelo que padece la sociedad contemporánea.
Pareciera que en algunas naciones sus políticos, empresarios y ciudadanos, se han venido acostumbrando a la corrupción y lamentablemente la consideran un mal inmanente al progreso, olvidando, que la corrupción socava la legalidad, erosiona la confianza, debilita la democracia, obstruye el desarrollo y agudiza la pobreza, la brecha social y la crisis ambiental.
Los resultados del reciente estudio realizado 180 países por Transparency International, para medir el Índice a Percepción de la Corrupción a nivel global, son francamente decepcionantes y muestran, como los esfuerzos y empeños comprometidos para abatir esta plaga han sido insuficientes e ineficaces.
La inmensa mayoría de los países evaluados no registran ningún tipo de avance en las acciones encaminadas a extirpar esta pandemia y en algunos, por el contrario, su propagación aumenta.
Pero ante tanta indiferencia e indolencia frente al avance de este cáncer social, se hace necesario enfrentarlo con mayor vigor y determinación para tratar de detenerlo y combatirlo, y en su lugar, para prevenirlo, promoviendo la pulcritud, la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad.
Es por eso, que con motivo de la realización del Congreso Mundial de Abogados (World Law Congress) que se celebrará en Cartagena y al que asistirán jefes de estados, ministros de justicia, fiscales, procuradores, contralores, magistrados, jueces, conjueces, árbitros, abogados y académicos provenientes de los cinco continentes, he considerado pertinente proponer por medio de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, máximo foro jurídico de la nación y órgano consultivo del estado colombiano, una proposición para que la comunidad jurídica internacional acoja y suscriba lo que he denominado La Declaración de Cartagena para Prevenir y Combatir la Corrupción, de manera que a partir de su adopción, en todos los contratos o acuerdos contractuales que suscriban los gobiernos así como todo tipo de organizaciones públicas, privadas o no gubernamentales, se incorpore un apartado o cláusula en la que se manifieste la adopción de la Declaración de Cartagena y, que quienes los suscriban, se obliguen de manera perentoria a prevenir y combatir cualquier acto de corrupción, y, de advertirse alguno, a denunciarlo.
Si bien es obligación de todo ciudadano prevenir y denunciar cualquier acto delictivo o tentativa de él, es procedente, que, ante el aumento desmesurado de la corrupción a nivel global, la comunidad jurídica mundial, que como ninguna otra tiene participación e injerencia en la contratación nacional e internacional pública y privada, se sume a una cruzada sin precedentes para abatir y desterrar esta perversa práctica que asola, envilece y empobrece la sociedad.
Así como en la mayoría de contratos o acuerdos contractuales que en la actualidad se suscriben, se incluye una cláusula generalmente denominada “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” también se debería incluir una cláusula denominada “Adopción de la Declaración de Cartagena para Prevenir y Combatir Actos de Corrupción”
Adicionalmente a la inclusión en los contratos de la Cláusula de Adopción de la Declaración de Cartagena para Prevenir y Combatir Actos la Corrupción, en mi proposición también sugiero a la comunidad jurídica internacional, que se proponga a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por medio de su comisión correspondiente promulgue la apertura y teneduría de un Libro o Lista para Prevenir y Combatir la Corrupción, en el que se registren los nombre de las personas naturales y jurídicas que de manera legal y definitiva han sido condenadas por actos de corrupción.
Sería deseable, que Colombia y en particular Cartagena, no solo sirva de sede del Congreso Mundial de Abogados y sea cálido hospedador de tan importante evento, sino que, además, proponga una estrategia seria, puntual y global para confrontar la corrupción, de manera que el nombre de Colombia no solo sea asociado a actividades ilícitas sino también a prevenirlas y combatirlas.
Si bien la Declaración de Cartagena no acabará con la corrupción, al menos, su adopción la disuade y persuade la pulcritud, la transparencia y la responsabilidad.
Es claro que mientras la educación no sea fundamental e integral, en naciones como Colombia, no cesará la corrupción. Necesitamos que la educación siembre virtud en mentes y corazones, y en ellas plante la semilla del emprendimiento y la superación.
También es claro, que mientras haya aumento desbordado de la población más vulnerable y sigan naciendo niños sin posibilidades ciertas de salud, educación y manutención, no cesará la pobreza y por ende la corrupción.
La falta de una educación fundamental integral basada en valores y la ausencia de una vigorosa política educativa capaz de persuadir una planificación familiar responsable, explican el fenómeno de la corrupción. Para combatir los problemas, hay que atacar el origen de sus causas y no sus consecuencias.
Publicado: marzo 1 de 2021
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Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.