La tarea no es solo del gobierno. Le corresponde a toda la sociedad trabajar coordinada y armónicamente contra el vandalismo. Es inaceptable que una juez de garantías, por ejemplo, deje en libertad a los responsables del asesinato de unos policías, alegando que ellos -los matones- no son un peligro para la sociedad.
Colombia está en manos del caos y la violencia, razón por la que las autoridades requieren con urgencia las herramientas legales para enfrentar con toda la contundencia del caso a quienes llevan más de dos meses amedrentando y constriñendo a la sociedad.
Desde hace 30 años, en Colombia empezó a enervarse una costumbre dañina: la de creer que el diálogo con los violentos es una obligación, cuando no es así.
La obligación constitucional y legal del presidente de la República consiste en garantizar la seguridad, vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y para ello, goza de la condición de comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía. Excepcionalmente, y si las condiciones políticas están dadas, el gobierno puede establecer contactos con grupos ilegales con el propósito de lograr su desmovilización y sometimiento a la justicia.
Los integrantes del grupo terrorista denominado ‘Primera Línea’ son unos vulgares vándalos que deben ser enfrentados con toda la contundencia posible. Por eso, es bienvenido el proyecto que está elaborando el gobierno nacional tendiente a fortalecer las penas contras los integrantes de esas estructuras al margen de la ley, creando, así mismo, nuevos tipos penales para efectos de que los terroristas no le hagan el quite a la justicia presentándose como “indignaditos” que están protestando.
De nuevo. Una cosa es la protesta legítima y otra muy distinta lo que se está viviendo en Colombia, donde una horda de bandidos financiados por el senador socialcomunista Gustavo Bolívar, amedrenta impunemente a todo el país.
Colombia, sin que el grueso de sus habitantes se haya percatado, está en medio de una revolución enmarcada en lo comúnmente conocido como marxismo cultural, fenómeno que propende por generar alteraciones sociales a través de cambios culturales. A comienzos del siglo pasado, el comunista Antonio Gramsci trazó el derrotero, asegurando que la revolución comunista solo podría ser exitosa si esta era precedida por un cambio absoluto en las costumbres, el lenguaje y las creencias.
Petro y los suyos han ido inoculando ese marxismo cultural en Colombia a través de la instrumentalización de personas alienadas e irreflexivas a las que se les da el título de “activistas” que se encargan, sobre todo y ante todo, de liquidar moralmente al que no esté firmemente alineado con sus ideas. Dicen ser defensores de la democracia, pero el que disienta es objeto de ataques verbales y, en no pocos casos, físicos.
Hablan de la política del amor, pero sus actos están en la orilla opuesta de lo que significa aquel vocablo. Valga traer a colación el libro 1984, la monumental obra de George Orwell en la que se describe un Estado totalitario comunista en el que solo existen 4 ministerios. Uno de ellos lleva el nombre de “Ministerio del Amor”, cartera que en realidad era una policía política encargada de perseguir a los ciudadanos que se salieran del libreto oficial.
Enfrentar a los vándalos de la Primera Línea es la principal tarea para defender a la democracia colombiana. Ellos no son unos muchachos desvalidos que se botaron a las calles desesperados por su situación, o como dice el comandante de esa estructura criminal, Gustavo Bolívar, que son personas sin nada que perder y que, en consecuencia, no temen a la muerte, como si fueran islamistas de grupos fundamentalistas convencidos de que morir en la Yihad es el pasaporte hacia el paraíso.
Es urgente que el gobierno presente el proyecto sobre el que viene trabajando el ministerio de Defensa y que el Congreso entienda la importancia del mismo, para que la ley contra los vándalos sea aprobada en el término de la distancia.
Publicado: julio 6 de 2021
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