En marzo de este año, el país conoció una decisión trascendental adoptada por la corte constitucional en la que se sancionó a la empresa BHP Billiton, propietaria de la mina de ferroníquel, Cerro Matoso S.A.
En virtud de la decisión del tribunal constitucional, los propietarios de la mina estaban obligados a indemnizar a los habitantes de las regiones aledañas a Cerro Matoso por daños irreversibles a su salud.
Así las cosas, BHP Billiton había quedado obligada a cancelar la suma de $400 millones de dólares, una de las multas más altas de la historia de Colombia, a la vez que se ordenó “expedir una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares vigentes”.
Conocido el fallo, los abogados de Cerro Matoso presentaron un recurso de nulidad. Curiosamente, el presidente de la empresa, el señor Ricardo Gaviria, lleva días enteros anunciando a diestra y siniestra y filtrándole a distintos medios de comunicación que 5 de los 9 magistrados de la corte van a votar a favor suyo, es decir en contra de que los indígenas y campesinos que han sufrido los estragos de la operación de esa mina de ferroníquel.
Santos fue un presidente totalmente permisivo con Cerro Matoso. No hizo caso de las advertencias técnicas que desde 2012 ha venido haciendo la Contraloría General de la República que en aquel años dijo a través de un documento que “es fundamental importancia que se tengan en cuenta los estudios, simulaciones y escenarios de evaluación técnica, ambiental, económica y social, que permitan contar al Estado con los suficientes elementos racionales de juicio que soporten ampliamente las decisiones”.
Sin tener en cuenta semejante alerta, Santos de manera inadmisible prorrogó hasta 2044 el contrato de explotación de Cerro Matoso, a pesar de los debates que se surtieron en el Congreso, pues no era en absoluto aceptable que la compañía continuara pasándose por la faja las normas ambientales y, además, pague unas regalías muy bajas.
De nada sirvieron las pruebas que se mostraron en su momento sobre las afectaciones a la salud de los habitantes de la región donde está ubicada la mina. Se trata de personas que padecen cáncer, afectaciones respiratorias, enfermedades crónicas en la piel, entre muchas otras.
Cerro Matoso se ha gastado miles de millones de pesos en abogados para hacerle el quite a la sanción impuesta. Ni un peso han destinado para mitigar los daños ambientales ni para asumir los tratamientos de quienes han tenido consecuencias fatales. El presidente de la empresa, Ricardo Gaviria y sus adláteres se pavonean en grandes salones, haciendo alarde de su cercanía con el anterior gobierno de Santos y gritando a los 4 vientos que tienen cuadrados a los magistrados que necesitan para tumbar la multa originalmente impuesta a comienzos de este año.
La demanda de Cerro Matoso es tan estrambótica que la propia Procuraduría General de la Nación le solicitó formalmente a los magistrados de la corte constitucional negar la solicitud de nulidad. Acá no se trata de defender a una empresa que ha violado todos los límites, sino de proteger los derechos de unas comunidades humildes que son defensoras de la libre empresa, pero que han sido víctimas de la operación demencial de Cerro Matoso, mina que no ha respetado ni el medio ambiente ni la salud de los ciudadanos.
Publicado: agosto 8 de 2018
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