De un tiempo para acá me asalta la sensación de que el derecho a la protesta está siendo malinterpretado, sacado de contexto por sectores que, en medio de un desatinado intento por imponer su voluntad, han extendido sus linderos hasta llevarla al terreno de lo inadmisible, al caos.
Pero dejémonos de vainas, es evidente que la oposición juega un papel fundamental en este tipo de eventos. Claro, la capacidad de algunos líderes políticos para atizar la inconformidad, que dejó el gobierno del mentiroso Santos, en las comunidades, termina siendo determinante para que una protesta se convierta en un motín.
Hay que tener muy presente que la protesta social es esencialmente pacífica. Sobran los insultos; las capuchas; las piedras; las bombas incendiarias; las papas bomba; los saqueos a establecimientos comerciales; los bloqueos viales; las armas de cualquier tipo; los heridos… los muertos.
Sin embargo, durante la actual administración, los linderos de la protesta ya fueron transgredidos por los transportadores, impidiendo el tránsito por algunas de las principales vías del país y sometiendo a comunidades enteras a la escasez; por los estudiantes universitarios, dejando las aulas para exigir mayor inversión en educación; y más recientemente por los indígenas del Cauca, bloqueando la importante vía Panamericana y generando pérdidas multimillonarias en diferentes sectores de la economía.
Ahora bien, se confirma mi tesis al citar la ocasión en que al senador Robledo se le descubrió instigando a los camioneros al paro; las veces en que Petro intervino en las protestas estudiantiles y, para el caso más reciente, su presencia en el Cauca, cimentando un capital político sobre las bases del odio, como ha sido siempre su estilo.
Todos esos sectores actuaron y actúan bajo las pautas de una oposición resentida que les impide ver que este Gobierno pensó, por ejemplo, en los transportadores al estipular en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un aumento de 1.443 kilómetros en las vías 4G, que hasta ahora cubren solo 370 kilómetros del territorio nacional; en los estudiantes, al entregarle a la educación el presupuesto más alto de la historia, y en las comunidades indígenas, al incluirlas por primera vez en un plan de desarrollo.
Así las cosas, las protestas violentas del último año tienen un trasfondo más político que social, y más allá de responder a las necesidades de una comunidad, alimentan el odio y la necesidad de figurar que tienen los líderes de la oposición.
Es este el momento oportuno para llamar a un pacto por la concertación social. Hay que acudir a alternativas distintas a afectar la dinámica social, económica y cultural del país, y que desde las grandes esferas se dé ejemplo de construcción y no de destrucción, como ha venido ocurriendo con el desvirtuado derecho a la protesta.
Publicado: marzo 28 de 2019
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