Grave denuncia penal contra el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su Secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, presentó el exmagistrado del Consejo Electoral, el jurista Guillermo Mejía Mejía.
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso al un denso documento dirigido al Fiscal General de la Nación, en el que se narran hechos que, según el magistrado Mejía, fueron “violatorios de los principios de transparencia, planeación y objetividad”. Según el documento, Sergio Fajardo incurrió en falta gravísima en el ejercicio de sus funciones, y su conducta y la del Secretario de Obras, Valencia, podrían haberlos hecho incurrir en la violación de varios tipos penales.
El denunciante le aseguró al Fiscal General que Fajardo, para eludir una licitación pública obligatoria, declaró una falsa “urgencia manifiesta (para) la reparación de vías que llevaban ‘cerradas’ más de 12 años”. Para Mejía, se cae de su peso que, si esas vías llevaban semejante tiempo cerradas, fuera tan apremiante su reparación que no se podía abrir licitación.
El ex magistrado denunciante no ahorró palabras para describir hasta el último detalle del posible fraude. La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia quería intervenir las vías, cosa saludable y encomiable si se hubiese tratado de “ofrecer una solución integral a las vías a cargo del Departamento”, pero, como por ensalmo, esa solución se vio traducida en una “urgencia manifiesta” y en la asignación a dedo (“por invitación”, dice la denuncia) de un multimillonario contrato a la firma Ingeniería y Construcciones.
El denunciante hizo una narración de maniobras que demostrarían que la empresa contratista y el gobernador y su secretario estaban decididos a actuar por fuera de los mecanismos y condiciones de la contratación pública.
Efectivamente, sin respetar el “principio de objetividad”, a dedo y por “urgencia manifiesta”, el gobernador Fajardo le adjudicó a la firma un contrato de obra pública por un valor inicial de $ 5.640.000.000 y un plazo estipulado de siete meses.
Posteriormente, el contratista solicitó una adición en dinero y en plazo, lo que incrementó el costo en $3.384.000.000 y el plazo suplementario fue de dos meses.
Vino luego una seguidilla de ocho adiciones por valor de $31.726.623.217, es decir, equivalentes a 562% más del contrato inicial. La ley 80 de 1993, le recuerda el denunciante a la Fiscalía, sólo permite adiciones hasta un 50% del contrato original.
La Contraloría General de Antioquia, parece darle la razón al denunciante. En un informe de julio de 2016, José Hernando Duque Arango, Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada, anotó que la “urgencia manifiesta” era para “mitigar la problemática y no (para) construir obras definitivas que requieren de toda la planeación del caso para resolver una problemática que agobia al departamento desde hace varios años”.
Según se deduce de la lectura de la denuncia, el gobernador Fajardo utilizó la declaratoria de la urgencia manifiesta para adelantar su plan de obras sin tener que “elaborar un proceso de licitación pública, transparente (…) sin violación de los principios de transparencia, planeación y objetividad”.
La Fiscalía, según pudieron comprobar LOS IRREVERENTES, avanza en el estudio del complejo documento del exmagistrado Mejía, de las pruebas presentadas y de los descargos de los dos funcionarios responsables, el gobernador Fajardo y el Secretario Valencia.
Publicado: diciembre 21 de 2017