Ante la oleada de indignación popular que se ha generado por cuenta de la presencia de los principales cabecillas de las Farc en las calles de Colombia, fungiendo como “dirigentes políticos”, los voceros de esa organización a la que el gobierno de los Estados Unidos continúa calificando como terrorista, se han apresurado a decir que los abucheos de que han sido objeto son propiciados por el Centro Democrático, colectividad que dirige el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Es natural que los cabecillas criminales, todos ellos con cuentas pendientes en tribunales estadounidenses por los más delicados delitos, pretendan achacarle la culpa al uribismo, corriente ideológica que los ha enfrentado y cuestionado desde la democracia.
Si el pueblo común y corriente expresa su rechazo a la candidatura presidencial de alias Timochenko, es consecuencia del daño que ese delincuente le ha hecho al país y a la impunidad con que está siendo cobijado. No hace falta trazar ni poner en marcha ninguna estrategia de desprestigio contra las Farc. Esa estructura sanguinaria se encarga por si misma de desprestigiarse. Aún hay muchas heridas abiertas como consecuencia de las acciones demenciales emprendidas por ese escuadrón de la muerte que durante más de 50 años delinquió en Colombia bajo la denominación Farc.
El permitir que Timochenko, Iván Márquez, Jesús Sántrich, Pablo Catatumbo y demás miembros de esa estructura puedan aspirar a cargos de elección popular sin que hayan atendido a los tribunales de justicia, reparado a sus víctimas, reconocido sus crímenes y pasado una temporada tras las rejas, es motivo más que suficiente para que la ciudadanía, democráticamente, se oponga y manifieste su malestar a través de actos espontáneos como los que se vivieron en días pasados en Armenia, Pereira y Florencia (Caquetá).
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¿Cómo pueden aspirar a no ser abucheados los responsables del reclutamiento de miles de niños que fueron sacados a la fuerza de sus hogares? ¿Cómo esperar que el pueblo permanezca silente ante la candidatura presidencial del cabecilla de una estructura terrorista que destrozó a poblaciones enteras? ¿Quién puede exigir silencio social ante la impunidad de quienes acabaron con el ecosistema para llenar nuestras selvas y bosques con cultivos ilícitos? ¿Callar ante aquellos que pusieron cientos de miles de minas antipersona a lo largo y ancho de nuestra geografía?
No, esto no es una acción premeditada de un partido político, sino la reacción legítima de una sociedad que el 2 de octubre de 2016 le dijo NO al acuerdo con las Farc y que, a pesar de que el gobierno desconoció ese resultado democrático, hoy continúa oponiéndose a las generosas concesiones que Santos le dio a esa banda criminal.
Las Farc claramente seguirán observando reacciones como las registradas en días recientes. Entre más altivos, cínicos y desafiantes se muestren sus cabecillas, más dura será la crítica ciudadana que está en todo su derecho de exigir que criminales de ese pelambre no hagan presencia en las ciudades y pueblos de Colombia.