Hace 6 años empecé a tramitar un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca fortalecer el castigo penal y pecuniario, contra las personas que incurran en el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.
Tengo la firme convicción de que el Estado debe ser dotado con herramientas firmes para combatir eficazmente el reclutamiento de niños, pero también debe contar con leyes contundentes para castigar a quienes incurran en ese crimen atroz.
Presenté ese proyecto, en medio de la “esquizofrenia” que embargaba a las mayorías parlamentarias que acompañaban al gobierno anterior en su propósito de firmar, contra viento y marea, un acuerdo de impunidad con la banda terrorista de las Farc.
No faltaron los insultos y los señalamientos. Me calificaron como “enemiga de la paz”, por el simple hecho de ser coherente y exigir castigos fuertes contra los perpetradores del peor de los delitos de lesa humanidad que se puede cometer: la esclavización de menores.
No permití que me amedrentaran. Solicité repetidamente que el reclutamiento de menores no fuera incluido dentro del paquete de alivios jurídicos a las Farc, habida cuenta de que se trata de un crimen de lesa humanidad que no permite ser favorecido con amnistías e indultos.
El gobierno de entonces y sus “negociadores plenipotenciarios” desoyeron mis palabras. No obstante, insistí en el proyecto, logrando que la semana pasada la Cámara de Representantes votara mayoritariamente por su aprobación.
Con el respaldo de 140 de mis colegas, el proyecto -que a partir de la próxima legislatura empezará a ser discutido por el Senado- fue aprobado. Pero 4 Representantes votaron en contra. ¿Quiénes fueron?
La respuesta es obvia: los que ocupan las curules gratuitas que Santos ferió en La Habana, los que hacen parte de la bancada espuria e injusta de las Farc.
Espeluznante que quienes integran la estructura criminal que mayor responsabilidad tiene en el reclutamiento forzado de menores, hayan votado en contra de la aprobación de una norma que resulta urgente y necesaria.
¿A qué le temen? ¿A que los cabecillas de las mal llamadas “disidencias” se enfrenten a castigos rigurosos por la esclavización de niños?
Alias Marcos Calarcá, uno de los terroristas más sanguinarios de las Farc -que hoy posa de congresista-, se opuso al proyecto alegando que el mismo iba “en contra del ELN” y que, en consecuencia, alejaba la posibilidad de un acuerdo con ese grupo delincuencial. Para esos criminales, la “paz” es sinónimo de impunidad.
Otro representante de las Farc, Jairo Reinaldo Cala, con todo el cinismo justificó su voto en contra del proyecto diciendo que el reclutamiento de niños no es un problema que afecte a la niñez, la cual sí se ve perjudicada, según él, “por las diferencias sociales” de nuestro país.
Carlos Alberto Carreño, fue más impúdico en su intervención. Sin ruborizarse, alegó que “la guerra en Colombia se ha hecho con niños”.
¡Claro! Ellos, las Farc, nutrieron al grueso de sus estructuras delincuenciales con menores de edad. Y, de hecho, lo siguen haciendo, de acuerdo con los informes que se han conocido respecto de las así llamadas “disidencias”.
Basta con revisar el reciente informe que sobre el particular emitió la OEA, alertando sobre la gravedad del asunto. Tanto el ELN, como las Farc, están reclutando masivamente a niños en distintos departamentos del país.
Miles de familias campesinas, temiendo que sus niños sean esclavizados, se han visto obligadas a salir de sus parcelas, con lo que se ha disparado el índice de desplazamiento forzado.
Colombia, representada por sus congresistas, votó masivamente a favor del aumento de las penas contra aquellos que recluten menores de edad. En contra del proyecto, hubo 4 votos ignominiosos, votos que emanaron de la “bancada” del grupo terrorista Farc.
Publicado: junio 22 de 2020
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