Horas después de que se conociera que Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo fueron formalmente vinculados en la investigación por el denominado “cartel de la toga”, esos individuos hicieron público un comunicado cargado de mentiras, imprecisiones y calumnias contra el señor expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
El documento de 3 páginas, lleno de errores de ortografía y con evidentes e imperdonables faltas en la redacción, es una confesión de parte, en la que Montealegre y Perdomo dejan en evidencia que utilizaron a la fiscalía general de la nación para perseguir al presidente Uribe y a su entorno más cercano. Ellos mismos, hicieron el inventario de funcionarios del gobierno de la seguridad democrática que fueron inclementemente perseguidos por la justicia, sin que obraran pruebas en su contra.
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Lo cierto es que Montealegre y Perdomo sienten pasos de animal grande. Les llegó la hora de responder por todas las fechorías que cometieron durante los años que tuvieron en sus manos a la fiscalía. Además de su participación en el “cartel de la toga”, esos individuos deberán aclarar muchas de sus actuaciones, todas ellas muy cuestionables.
Entre marzo de 2012 y agosto de 2016 -tiempo en el que Montealegre y Perdomo ejercieron el control de la fiscalía- se presentaron verdaderas aberraciones. El fiscal compró una flotilla de aviones para su servicio personal. Mandó a construir una universidad que al cabo del tiempo fue un fracaso, haciendo que el Estado perdiera miles de millones de pesos.
Montealegre, ese mismo que desde la fiscalía se encargó de tapar los delitos de su antiguo cliente y cabeza visible de Saludcoop, Carlos Palacino, utilizó el presupuesto de la fiscalía para repartir contratos a diestra y siniestra, sin rigor ninguno. Una de las más favorecidas por el festín de contratos fue la cuestionada Natalia María Lizarazo García, conocida comercialmente con el estrambótico nombre de “Natalia Springer Von Schwarzenberg”.
Montealegre y Perdomo fueron generosamente agradecidos con aquellos que desde el Consejo de Estado votaron a favor de ampliar su permanencia en la fiscalía. Una vez los consejeros culminaron su periodo, fueron atendidos con multimillonarios contratos de prestación de servicios.
Los abusos de Montealegre y Perdomo son evidentes. Fueron ellos los que, apoyados por el corrupto almirante Echandía, fabricaron el caso del “hacker” Sepúlveda con el que resultó gravemente lesionada la campaña presidencial uribista de 2014. Gracias a ese favor, desde la fiscalía se propició la reelección de Santos en las elecciones de aquel año.
Ninguna autoridad ha querido ponerle la lupa al desgreño administrativo impulsado por esos sujetos. Una de las mayores aberraciones fue la creación de 5 “embajadas” de la fiscalía en las que fueron nombrados los más cercanos amigos de Montealegre y Perdomo.
El dinero de la entidad, que debía ser destinado para invertir en las condiciones laborales de los fiscales e investigadores, fue dilapidado en contratos a favor de los novios del exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien llegó al extremo inaudito de traer desde España a un amante suyo, al que luego llenó de contratos para la refacción y remodelación de las distintas sedes de la fiscalía en todo el país.
El “cartel de la toga” es un crimen más de los muchos por los que Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo deberán responder. Hay mucha gente que tiene información de ellos y seguramente, temprano o tarde, el país terminará conociendo el verdadero rostro de esos siniestros personajes que tanto daño le hicieron al país.
Publicado: mayo 15 de 2019
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