Llegó la fecha en que las Farc están obligadas a cumplir con la entrega de armas. La sigla inventada para el caso es D+180 y equivale al 29 de mayo, en las goteras. No se ve movimiento en grande donde se esté observando este hecho tan importante e irreversible que es el demostrativo de no volver a la guerra, si es que en verdad no quedan las caletas donde escondan armas modernas y de buen calibre, por si acaso. Pero como todo en este proceso desventurado por lo ventajoso para las Farc, se está negociando (es interminable esta negociación donde diariamente surgen nuevas exigencias, peticiones o adiciones) una prórroga del asunto, por la providencia de la Corte Constitucional que dizque está contra el acuerdo de paz. ¿Acaso por eso están pensando regresar a la guerra y por lo mismo retardan el compromiso del D+180?
Por otra parte avanza un proyecto de reforma constitucional que confirma el monopolio de las armas por parte del estado, monopolio que existe en la Constitución, pero que es exigencia de las Farc. El proyecto está hecho, según la propuesta gubernamental, “para prohibir que cualquier organización civil se arme”. Es una especie de tautología legislativa. “Estamos cerrando ese capítulo, mirando hacia adelante” dijo Don Sergio Jaramillo, para darle tranquilidad a las Farc. Esta justificación del proyecto es un injurioso chiste militar, pues ninguna democracia, seria y estable, tiene normas que permitan libremente a los civiles organizarse y armarse contra el Estado. Otra cosa es que se autorice el porte individual o la tenencia de un arma que no sea de uso privativo de la Fuerza Pública, para la defensa personal.
Aquí queda al desnudo el delito que hace parte de nuestro Código Penal, abre las puertas para que organizaciones civiles se armen contra la democracia, contra el Estado y bajo el cual las Farc y el Eln han destruido la convivencia, han sembrado el terrorismo y se han cobijado para explotar el narcotráfico. Se trata del “delito político” que ya es hora de que sea suprimido de nuestra legislación penal, precisamente para darle tranquilidad a la república y sus ciudadanos, y para intranquilidad de quienes se han amparado en esa norma. Una democracia es, por esencia, el sistema donde los conflictos se resuelven por la vía de la ley y no por el camino de las armas. Levantarse en rebelión contra una democracia es hoy un acto de terrorismo y no de altruismo político. De ahí la importancia de la justicia, de los jueces y magistrados probos que nos libren de la violencia injusta y de los malhechores. Una democracia con jueces al servicio del Ejecutivo es la principal llaga de corrupción y de desprestigio del sistema.
A esa nueva concepción de orden público es donde debemos apuntar los colombianos y no a las marrullas capituladoras del gobierno y de su ideólogo el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que deja vivo el foco del incendio, para las guerras futuras. La figura penal del “delito político” ha desaparecido de los códigos en las naciones donde impera la democracia y no juegan al rebelde violento y armado, encubierto bajo el manto del nuevo libertador que baja de las montañas a dar pan al hambriento y cobijo al desamparado, y que enfrenta la Fuerza Pública en nombre de la “revolución” marxista. La experiencia colombiana del ejercicio y el eximente de culpa y responsabilidad de sus crímenes que el delito político ha ungido a los que hoy vemos investidos de cogobernantes y libres de toda sindicación, es una experiencia dolorosa y humillante.
Jaime Jaramillo Panesso
Publicado: mayo 30 de 2017