Daniel Araujo Campo: La verdad en una sociedad tramposa

La construcción de la verdad sobre nuestra violencia es sin duda una herramienta indispensable para la realización de la paz en el territorio. Sin embargo, los mecanismos por medio de los cuales esa verdad se construye pueden fácilmente llegar a derrotar la noción misma de la paz.

Lo primero es aceptar que la verdad absoluta y objetiva es un ideal inalcanzable. La verdad que se cuente del conflicto, (o de la violencia, que es un término más preciso para describir lo sucedido en Colombia), será irremediablemente subjetiva y naturalmente conflictiva. Para ponerlo, en otros términos, nuestra verdad será sujeto de construcción y no de descubrimiento. Un discurso compuesto por muchos otros, en los que unos tendrán mayor protagonismo y donde todos estarán permeados por los intereses particulares de los actores a los que se les dé una voz para contribuir.

El desasosiego inevitable de esta conclusión no debe tomarnos por sorpresa, pero ante la coyuntura del país, es necesario preguntarnos si las formas en la que estamos estimulando la estructuración de esa verdad son las correctas. La verdad será un discurso, pero ahora que lo escribimos es oportuno que exista un esfuerzo por acercarlo a lo que verdaderamente sucedió en Colombia en los últimos 53 años.  Que la verdad objetiva sea inalcanzable, no implica que no tengamos la obligación de aspirar a ella.

El sistema de justicia transicional sin justicia que será la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene como piedra angular, la construcción de la verdad. Para ello se estimula a los excombatientes de las FARC a contar toda la verdad a cambio de la supresión de las penas privativas de la libertad que correspondería imponerles de conformidad con sus delitos. Incluidos máximos responsables, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Que la verdad sea un elemento de justicia más efectivo que la sanción de la restricción de derechos, es una discusión aparte. Lo que es importante discutir aquí es la idoneidad de la Comisión de la Verdad y los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de acercar el discurso que será contado a la verdad objetiva de lo ocurrido. Los exguerrilleros tendrán la oportunidad de dar fuerza a su discurso y matizar sus acciones frente a la opinión pública en esos tribunales. Ojalá que la construcción de la verdad no se convierta en la reivindicación de los crímenes cometidos contra el Estado y sobre todo contra la población civil en el último medio siglo.

Podía haberse evitado, además, que la verdad se convirtiera en la moneda de cambio para reclamar beneficios penales. Ya la justicia ordinaría probó que este sistema es desastroso en el contexto de nuestra sociedad tramposa. Los beneficios judiciales llevaron a la creación de falsos testigos y la fuerza de la prueba testimonial en manos de criminales que buscaban beneficios, ha alimentado las cárceles de Colombia con personas inocentes.

Un sistema que premia a los que digan toda la verdad después de ser acusados, patrocina una distorsión de la misma verdad. Sucede así porque cuando inocentes prefieren confesar crímenes no cometidos a cambio de que se les garantice la libertad, en vez de participar de un juicio en el que exista la posibilidad de ser vencidos y de terminar tras las rejas, estamos construyendo una falsa historia, bajo el rótulo todopoderoso de la palabra verdad.

Soluciones puede haber. Lo primero es que en Colombia se debe reevaluar el valor que se da a la prueba testimonial, que debe ser accesoria, y nunca protagonista de la la decisión judicial.  La Comisión de la Verdad, sin ningún efecto judicial, debió invitar a todos los actores del conflicto, también a aquellos que se desmovilizaron antes del acuerdo Farc-Santos a contar lo que había ocurrido y a contrastar versiones.

Y si se iba a sacrificar la justicia se debió hacer en favor de todos los actores, y bajo un principio de igualdad. Incluyendo en ese beneficio a paramilitares desmovilizados bajo la ley de justicia y paz, a políticos, militares y empresarios. O, si no se sacrificaba la justicia y se aplicaba una verdadera justicia transicional, es decir, una en la que la justicia fuera un componente de la misma, debimos dejar la verdad en manos de la Comisión y no de los juzgados que ya demostraron tanto en el proceso de justicia y paz como en la justicia ordinaria, su incapacidad para alcanzar una verdad que se pueda sustentar o sea defensable.

@daraujo644

Publicado: julio 29 de 2017