En varias oportunidades he mencionado en estas columnas la grave situación por la que pasa la justicia en Colombia, hace ya unos años.
Generalmente me refiero a la politización de la justicia y cómo de acuerdo con la ideología del juez, fiscal o magistrado, se imparte justicia. De hecho, es común que se sepa cual va a ser el veredicto, dependiendo del fiscal, juez o magistrado al que le toque el caso.
Es muy importante aclarar que no se trata de todos los jueces, fiscales o magistrados. La mayoría son personas serias y comprometidas con su trabajo y con la correcta interpretación de la norma y su aplicación.
El gobierno del expresidente Álvaro Uribe, es el perfecto ejemplo de persecución política e ideológica. No es si no leer las sentencias de funcionarios como Diego Palacios, Sabas Pretelt, Alberto Velásquez, Maria del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno entre otros, para entender a que me refiero.
Por mencionar un ejemplo, de muchos que hay, como son la violación al debido proceso, falsos testigos, no aceptación de pruebas; existe una grabación en donde claramente el magistrado José Leónidas Bustos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, específicamente le dice a sus compañeros de sala, que el caso de Diego Palacios, es un tema político y hay que sentenciar políticamente, por lo cual deben votar todos en consenso, sin salvación de voto. Qué más podemos esperar, si con descaro, sin nada de vergüenza, la mayor autoridad de la justicia en Colombia actúa así, y lo que es más grave, sus compañeros se lo permiten y lo apoyan.
Ni que decir del caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que lleva más de 25 años y a pesar de haber sido archivado, fue nuevamente puesto en escena. Se consiguieron los testigos falsos y a la fecha lleva más de un año detenido, sin que se le resuelva su situación. Es muy extraño que el señor Meneses, uno de los testigos contra Santiago Uribe, resultara falso testigo en el caso de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y en el caso Santiago, sus declaraciones resultaron verdaderas. Es el claro ejemplo de persecución política. Un país cuya justicia no se basa en la norma sino en la ideología y los odios de turno, esta en verdaderos apuros para subsistir en democracia.
No siendo suficiente esto, existen algunos fiscales, jueces y magistrados que cobran por sus sentencias. Exigen además, unos montos que no puede pagar, si no quién es culpable por también haber sobornado. Si el investigado paga el soborno será inocente o su caso engavetado, si no lo paga es culpable. Es absolutamente insólito. Corrupción en su máxima expresión.
Como los bandidos hablan cuando se ven atrapados por la misma justicia corrupta, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, decidió en Estados Unidos acusar al director Anticorrupción de la Fiscalía de Colombia, por sobornarlo para fallarle a favor. Todas esa grabaciones han servido para comenzar a saber quienes en los altos niveles de la justicia, cobran por los fallos. Es un entramado que incluye a investigados, abogados, jueces, fiscales y magistrados. ¡Da pena!
Ojalá este sea el comienzo de la depuración de la justicia en Colombia y caigan todos los corruptos del sector privado, público y de la justicia y sean sancionados como se lo merecen.
La justicia es el eje principal de cualquier país y de cualquier sistema de gobierno. Sin justicia nada hay, porque eso significa que independiente del delito que se cometa existe la posibilidad de ser declarado inocente. Si no, también existe la figura de la impunidad que en Colombia se da el lujo de ser mayor al 90%.
El cumplimiento de la ley, da tranqulidad y genera confianza en las instituciones. No se le puede exigir a los colombianos que cumplan con la normatividad vigente, si la propia justicia, la que lo va a juzgar no cumple, sino que soborna.
Debían existir normas muy estrictas para los corruptos, cualquiera que sea. Desde los colegios y universidades, las clases de cívica y ética tienen que ser tan importantes como las de materias hoy consideradas principales. La educación es fundamental en el comportamiento de los seres humanos.
Tenemos que hacer una verdadera reingeniería a la justicia. Casi que borrón y cuenta nueva. Una nueva carrera judicial y un reglamento de ascensos claro y por resultados. Sugiero que los exámenes de admisión o de ascensos sean realizados por universidades o por terceros expertos en el tema.
Tengo la confianza que si nos paramos firmes y denunciamos públicamente a los corruptos, Colombia será otra. La que deseamos todos.
En Colombia no existe realmente el castigo social para los corruptos. O todo el mundo sabe que son corruptos y nada les pasa o sobornan al juez, fiscal o magistrado que tenga el caso. De ser encarcelados, gozan de lo robado luego de cumplir sus ridículas condenas. Al salir se reintegran a la sociedad como si nada hubiera pasado. No debe ser así.
P.D. Esta vez no me referí a la más alta violación a todas las leyes nacionales e internacionales con la impunidad concedida a las Farc.
Publicado: agosto 23 de 2017