A lo largo de los años, Iván Cepeda, valiéndose de su supuesta condición de “defensor de los Derechos Humanos”, ha intentado ejercer presiones indebidas a la administración de justicia. En muchas oportunidades, ha logrado su cometido, amenazando a jueces y fiscales para obligarlos a que sigan -a pie juntillas- sus lineamientos e instrucciones.
No son pocos los militares y altos funcionarios que han terminado enredados en la fiscalía, como consecuencia de los montajes urdidos por el propio Iván Cepeda.
Menos de 24 horas después de que Francisco Barbosa asumirá como fiscal general de la nación, a través de su cuenta de Twitter, Cepeda impartió una inaceptable instrucción, al decir que “Solicitamos la captura preventiva del abogado Diego Cadena, dado el hecho de que su defensa, en cabeza del abogado Iván Cancino, formularía petición de aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos, que está prevista para el 18 de febrero”.
Colombia es un Estado social de derecho en la un congresista no puede inmiscuirse en las decisiones judiciales. Cepeda, que además ha evadido la acción de la justicia, pues él es el cabecilla del denominado cartel de los falsos testigos, no puede seguir presionando indebidamente a los fiscales y jueces de la República para que encarcelen injustamente a todos sus enemigos.
Es sabido que ese congresista, durante más de una década, se ha paseado por las cárceles del país ofreciendo dádivas y beneficios a los peores delincuentes, a cambio de que reciten un libreto preparado por él, en contra del presidente Uribe, de su familia y de sus más cercanos colaboradores.
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El doctor Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, le salió al paso a Cepeda, anunciando que “en los próximos días pediré protección a organismos internacionales a, lo que para mí, es una coacción y amenaza al ejercicio libre de la abogacía por parte del senador @IvanCepedaCast. Así mismo, pediré a la Procuraduría que estudie esta posible coacción al ejercicio de la profesión”.
Por su parte el presidente Uribe reaccionó a la manipulación de Cepeda, insistiendo que ese sujeto “hace tiempo debería estar preso”.
No hay razón ninguna que justifique una detención del abogado Diego Cadena, a quien no se le ha imputado la comisión de delito alguno. Él, como el presidente Uribe, es víctima de los montajes de Cepeda y así quedará establecido en el proceso judicial que empezará a surtirse en las próximas semanas.
Como cualquier otro ciudadano, Cadena tiene derecho a una defensa técnica y por eso, es necesario que su abogado de confianza, el doctor Iván Cancino, pueda conocer a fondo los detalles del proceso, antes de atender la diligencia de imputación que se ha anunciado.
Los jueces y fiscales deben gozar de plena libertad para ejercer sus funciones, y los abogados defensores no pueden ser constreñidos por el senador Cepeda, quien impunemente ha manipulado y estrujado a la justicia colombiana para que proceda en contra del presidente Uribe, así no haya una sola prueba en su contra.
De todo este episodio, lo único cierto es lo dicho por Álvaro Uribe: la persona que debería estar a buen recaudo de las autoridades penitenciarias de Colombia, es el validador de las Farc, Iván Cepeda, ese mismo que hizo toda suerte de maniobras para lograr que su amigo y compinche, el narcotraficante Jesús Sántrich, fuera liberado para efectos de que pudiera emprender la fuga hacia la clandestinidad y, así, evitar su extradición a los Estados Unidos.
Publicado: febrero 17 de 2020
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