¿Hasta cuándo tendremos que soportar el vandalismo que destruye las ciudades sin que nada pase, sin que haya castigo alguno? La historia se repite una y otra vez. Las protestas terminan convertidas en batallas campales donde se pone en riesgo la vida de los uniformados, se causan millonarios daños y nunca pagan los responsables. Un círculo vicioso que tiene que cambiar.
Que la gente marche todo lo que quiera, por supuesto. Nadie está en contra de eso. Todos nos hemos manifestado en algún momento para expresar nuestro inconformismo con el Gobierno de turno. No hay nada más sano para la democracia que la posibilidad de oponerse a las medidas que adopta el poder.
El problema, es cuando se utiliza esa cortina para que un conjunto de desadaptados exterioricen sus resentimientos y destruyan todo lo que encuentren a su paso. Ponen en jaque las ciudades durante varias horas y no hay consecuencias. La respuesta de la Fuerza Pública es reactiva y no preventiva y mientras tanto la población inocente es la que tiene que pagar los platos rotos.
Por eso, es más que claro que la protesta hay que regularla. Llevamos años diciendo esto, pero nunca pasa nada. La indignación del momento se esfuma con el pasar de los días y al final mantenemos vigente la misma normatividad que no sirve para nada.
¿A quién le toca pagar los daños a los sistemas masivos de transporte? En principio a las aseguradoras, pero al final a los usuarios, dado que el mayor costo de la póliza derivado a un alza en los siniestros es posteriormente asumido por los ciudadanos vía alza del pasaje.
¿A quién le toca pagar los daños en la infraestructura pública? A los contribuyentes. En vez de destinar recursos a inversión, toca reparar las millonarias afectaciones en edificios oficiales, vías, puentes, etc.
¿A quién le toca pagar los daños a los locales comerciales? A los emprendedores que salen a generar empleos día a día y que encuentran en el vandalismo una variante más que encarece sus costos de producción y les quita competitividad a sus negocios.
Qué bueno sería, por ejemplo, que se le exigiera a los promotores y coordinadores de las marchas la adquisición de un seguro que cubriera los eventuales daños que se causen en la manifestación. Si las cabezas son las responsables de pagar las afectaciones, tengan la seguridad que no permitirían que los vándalos acaben con todo lo que encuentran a su paso.
Además, claramente tiene que haber un acompañamiento del Ejército en las protestas de mayor magnitud. La labor del ESMAD es titánica y ejemplar, pero se necesita un refuerzo de autoridad que controle a los desadaptados. Y sobretodo, un refuerzo que no espere a que media ciudad esté colapsada, sino que controle la situación desde el comienzo.
Ojalá que el Gobierno y el Congreso pasen de la queja a la acción y saquen adelante una regulación integral de este aspecto. No puede ser posible que cada vez que hay una marcha los daños los terminen asumiendo los ciudadanos inocentes y no los encapuchados e incendiarios que quieren ver el mundo arder para saciar su infinito odio.
Publicado: abril 30 de 2021
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