Análisis de Camilo Rubiano Becerra
La semana qué pasó, nos despertamos con varias noticias, entre tantas, sobresalió la victoria de Iván Duque con más de siete millones y medio de votos en la primera vuelta. Sin embargo, hubo una noticia que dejó perplejo a más de uno, se descubrió que la JEP le autorizó un viaje al autor del reprochable atentado al Club El Nogal. El beneficiado, tuvo un permiso para descansar y turistear en Isla Margarita en el mes de marzo de este año. Sorprende tal desfachatez por parte de este tribunal y en especial de su ex secretario general Nestor Raul Correa, ya que según la investigación de RCN, existen numerosos permisos por parte de este para que miembros de la guerrilla de las farc salgan de paseo y descansen un poco en el exterior.
Pero no es la primera burla y ofensa, que este tribunal le hace a las victimas, es preciso recordar los escándalos de corrupción o el salvavidas que este le lanzó a Jesus Santrich, con el único fin de bloquear la extradición por segur traficando con droga después de la firma del acuerdo. La Justicia Especial Para La Paz, fue creada en el marco de las negociaciones del gobierno Santos con el grupo terrorista de las Farc, tiene falcultades para tomar decisiones administrativas, penales, civiles, disciplinarias y fiscales, por los cuál de cierta forma sustituye completamente la justicia ordinaria.
Adicionalmente, las sanciones que establecieron en los acuerdos, son contrarias a la ley, la constitución y ante todo al Estatuto de Roma, del que Colombia hace parte desde 1998. El simple hecho de decir la verdad, le garantiza al autor de crímenes de lesa humanidad, su exoneración para no tener que pagar un solo día de cárcel, cómo está establecido en el Artículo 60 del capítulo de justicia que crea la JEP. Este hecho, viola lo exigido por el Estatuto de Roma, que ha sido aplicado en reiteradas ocaciones por la Corte Penal Internacional. La pena debe ser proporcional con la gravedad del delito, algo que claramente no se cumple en lo acordado por Santos y las farc.
Ante esto y en medio de una elección presidencial, es importante analizar cuál es la posición de los candidatos frente a los acuerdos y en especial frente a la JEP que cada día demuestra su inviabilidad.
En una entrevista del mes de noviembre, el candidato Petro dejó ver su apoyo a este recién creado tribunal, fue enfático en señalar que es más importante la justicia restaurativa que la justicia punitiva y que por eso un tribunal como el creado lograría darle la verdad al país, sacrificando el castigo al victimario. Así mismo, el candidato Petro en distintos escenarios, apoyó la intromisión de la JEP sobre la extradición de Santrich y no rechazó los casos de corrupción que se han presentado en esta.
Mientras tanto, Duque desde hace más de dos años, ha dejado ver su coherencia y congruencia frente a este tema, en el marco de la campaña del plebiscito, expuso las inviabilidades jurídicas que tenía el acuerdo y en especial el capítulo de justicia, donde se creaba la JEP. De la misma forma, en medio de esta campaña presidencial, Iván Duque ha señalado la necesidad de modificar los acuerdos para que no haya incompatibilidades con la constitución, la ley y en especial con el Estatuto de Roma.
En el mismo sentido, Duque fue muy crítico con la intromisión de este tribunal en la extradición del líder guerrillero Jesus Santrich y de la misma forma rechazó los casos de corrupción que se han presentado al interior de ese tribunal, donde está vinculado el sobrino de Iván Márquez.
Ante esto, nos queda a los colombianos reflexionar y decidir si debemos continuar permitiendo estás cosas o tomamos la decisión de modificarlos, dándole la potestad con nuestro voto al próximo Presidente.
Publicado: junio 5 de 2018