Mientras que la justicia investigó de manera implacable la parapolítica, al mismo tiempo permitió que la Farcpolítica quedara en la total impunidad. Un desequilibrio sencillamente inexplicable que impidió evidenciar las verdaderas intenciones de muchos actores que se escudaban en la búsqueda de la paz para auxiliar a la guerrilla. 

Pensar que los paramilitares eran los únicos actores armados con vínculos con la clase política es absurdo e ingenuo. Las Farc en su momento de mayor auge lograron controlar varias zonas del País, lo cual incluía, lógicamente, el manejo de las instituciones a través de coaccionar o patrocinar funcionarios públicos.

Sin embargo, la forma de conocer cómo se construyeron y desarrollaron estas relaciones entre la criminalidad y los políticos fue diferente. Por un lado, los procesos judiciales que se desarrollaron dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz permitieron que los paramilitares explicaran en extensas audiencias el funcionamiento de su organización.

En ellas, no solamente se indicaron los aspectos operativos y militares del grupo armado, sino que también se empezaron a conocer las estructuras políticas que contaron con su apoyo. Información que posteriormente sería utilizada por la Fiscalía y la Corte para investigar y condenar a los responsables.

Por otro lado, el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en 2008 permitió que el Estado colombiano accediera al computador de dicho terrorista. Una verdadera central de información que dejaba al descubierto la forma en que funcionaban las Farc. La joya de la corona en materia de inteligencia militar.

De hecho, era tan preciso y certero lo contenido allí que gracias a ello se pudo llevar a cabo unos meses después la operación jaque y empezar a conocer los vínculos del terrorismo con varios políticos. Por ejemplo, en este computador se relataba la financiación de las Farc a la campaña presidencial de Correa en Ecuador, lo cual explica la aireada reacción que tuvo el mandatario cuando el Gobierno Uribe llevó a cabo el bombardeo, las estrechas relaciones con el Palacio de Miraflores y con activistas colombianos como Piedad Córdoba e Iván Cepeda.

Eran tan contundentes los datos contenidos allí que fueron utilizados como prueba reina por la Procuraduría de Alejandro Ordoñez para destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba por tener vínculos con las Farc. Algo que hoy, una década después, vino a confirmar su ex asesor de manera detallada.

No obstante, la justicia, en cabeza del hoy indigno y procesado Leonidas Bustos, decidió acudir a formalismos legales, por no decir leguleyadas, para impedir que los computadores de Reyes fueran utilizados como pruebas en los procesos de la Farcpolítica. No importó que Interpol certificara que los computadores nunca fueron manipulados ni que se hubiera cumplido la cadena de custodia por parte de funcionarios de policía judicial. 

Como consecuencia, las investigaciones quedaron cojas, sin material probatorio que las respaldara, y no terminaron en nada. Mientras que los Congresistas, Alcaldes y Gobernadores que se aliaron con paramilitares se fueron a la cárcel, como debía ser, aquellos políticos que auxiliaron a las Farc gozan de total impunidad, lo cual les da la tranquilidad necesaria para recibir llamadas de Iván Márquez en el recinto del Senado, tomarse fotos con la cúpula de la guerrilla e ir a recibir a Jesús Santrich sin que absolutamente nada les pase. 

Un sinsentido que solamente ocurre en Colombia y que difícilmente cambie con la existencia de la JEP, Tribunal creado a la medida de las Farc que le garantiza a la guerrilla y sus colaboradores que nunca pisarán un centro de reclusión gracias a las sofisticadas y renombradas sanciones propias. 

@LuisFerCruz12

Publicado: febrero 16 de 2022