Si el problema del narcotráfico está desbordad, los únicos y absolutos responsables son el presidente Santos y sus socios políticos de las Farc. Durante los 8 años del gobierno anterior, nuestro país se convirtió en un mar de coca.
Las más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos que hoy asfixian a Colombia, a su sociedad y a su democracia, son el resultado de la claudicación de Santos frente a la banda mafiosa de las Farc, estructura delincuencial que impuso condiciones en la mesa de La Habana, obligando al Estado a suspender de facto la lucha contra el narcotráfico, en todas las etapas de la cadena de producción.
Y la corte Constitucional, tribunal debidamenteenmermeladopor el gobierno anterior, hizo lo que estuvo a su alcance para complacer las exigencias de Santos y las Farc.
La prohibición de la fumigación aérea es el mejor de los obsequios que ha recibido el narcotráfico en toda su historia.
Los productores de hoja de coca saben que la aspersión es la más letal de todas las estrategias que existe para combatir los cultivos ilegales. Las cifras así lo confirman. En el gobierno de Uribe, que se fumigó sin contemplación ninguna, las hectáreas cultivadas bajaron dramáticamente.
En 2010, cuando el presidente Uribe le entregó el poder a Santos, Colombia tenía poco más de 60 mil hectáreas sembradas con coca, de acuerdo con las cifras de la ONU.
Santos, tan pronto se sentó a conversar con los genocidas de las Farc, suspendió la aplicación de la Seguridad Democrática, desactivó de manera fulminante los protocolos de interdicción aérea de naves con coca y encimó la suspensión de las fumigaciones.
Al presidente de Bolivia, Evo Morales, lo reconocen en el mundo entero como un cocalero. Pero si se mira con serenidad y ponderación, el verdadero cocalero de América se llama Juan Manuel Santos Calderón.
En 8 años, permitió que los cultivos de coca aumentaran en más del 350%.
Y eso fue lo que Santos le entregó al presidente Duque el pasado 7 de agosto: un país atiborrado con matas de coca, con una Fuerza Pública amodorrada, desmoralizada, sin herramientas técnicas para la erradicación y con el blindaje proveído por la corte Constitucional, tribunal que se encargó de decretar que el Glifosatoes el padre de todos los males, razón por la que prohibió la fumigación en nuestro país.
Esa es la realidad a la que el presidente Iván Duque tiene que hacerle frente. Él, como senador, luego como candidato y ahora como presidente de la República, ha sido consecuente y coherente: la legalidad por encima de todo. La coca es, precisamente, la financiadora de todo lo que promueve la ilegalidad en nuestro país.
Acabar con la coca es la primera gran acción que requiere para reencauzar al país por la senda del progreso y de la legalidad.
La corte Constitucional debe estar a la altura de las circunstancias. Comprender la gravedad de la amenaza que se cierne sobre nuestro país y abrir la puerta para que se implementen nuevos mecanismos que permitan erradicar de manera rápida, responsable y ambientalmente sostenible esas matas malditas que Juan Manuel Santos, por instrucciones de las Farc, permitió que se metieran en todos los rincones de nuestra geografía nacional.
Publicado: abril 15 de 2019
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