Petro puede firmar todos los documentos que quiera en notaría, pero su programa de gobierno implica un riesgo latente contra la propiedad privada. Una realidad que va más allá de declaraciones extraproceso, amenaza la estabilidad económica del País y se evidencia en las tres principales propuestas del Pacto Histórico.

En primer lugar, la piedra angular del programa económico de Petro es hacer que las 4.000 personas más ricas del País paguen más impuestos. Algo que puede sonar atractivo para muchos, pero que causaría una debacle financiera que iniciaría con una masiva fuga de capitales, como la que ha venido ocurriendo a lo largo del año en Perú y Chile, y que conllevaría la imposición de tarifas tan altas que el tributo pasa a tener una naturaleza confiscatoria, es decir, llega el punto en que el contribuyente no tiene cómo pagar la obligación y para sanear la deuda se ve forzado a entregarle el bien al Estado.

Al respecto, vale señalar que subir los impuestos a los grandes capitales no redistribuye la riqueza ni genera empleo y mucho menos facilita el crecimiento económico. Todo lo contrario. Simplemente viabiliza una expansión inmediata del gasto público que se vuelve insostenible en el mediano plazo cuando los inversionistas se lleven sus recursos a otras naciones que les ofrezcan mejores condiciones tributarias y de seguridad jurídica. En otras palabras, subsidios hoy y déficit fiscal y endeudamiento mañana.

De hecho, si algo quedó demostrado con la Ley de Financiamiento de 2018, cuyo contenido se replicó en la Ley de Crecimiento Económico de 2019, es la efectividad de los incentivos tributarios para aumentar el flujo de capital en el País, a tal punto que en 2019 se registró la variación del PIB y de la inversión extranjera directa más alta en seis años. Una marca que cortó la tendencia sostenida de decrecimiento que se vivió a lo largo del segundo Gobierno Santos y que se traduce en uno de los legados más importantes del Gobierno Duque. 

En segundo lugar, y en línea con lo anterior, Petro propone incrementar la tarifa del impuesto a los dividendos, que actualmente está en 10% para ingresos superiores a 300 UVT, al 70%. Un alza completamente desproporcionada que prácticamente acabaría con el mercado de capitales y le quitaría al músculo productivo del País una de las fuentes de financiación más atractivas que existen.

En efecto, nadie compraría acciones de empresas colombianas si el Estado se va a quedar con el 70% de las ganancias. Sencillamente no es negocio. Bajo esas condiciones, es mucho más rentable invertir en otro tipo de activos o negociar acciones en el exterior.

En tercer lugar, el traslado pensional que propone el Pacto Histórico no es otra cosa distinta a un atraco. Tomar $350 billones que han ahorrado 18 millones de trabajadores es una desfachatez que lejos de solucionar los problemas estructurales de Colpensiones, los empeora, dado que esos recursos se terminan utilizando, como sucedió en Argentina, para financiar una expansión del gasto público que con el paso de los años es imposible de mantener, con lo cual el Estado queda con la carga de cubrir las pensiones sin tener caja para hacerlo y los trabajadores pierden todo lo que han ahorrado.

Por eso, por más que Petro y Francia firmen documentos en notarías o en mármol, el problema de base va a persistir. Su programa económico, que tiene otras perlas como la financiación del presupuesto con emisión de moneda y la amenaza contra la independencia del Banco de la República, implica un riesgo real en contra de la estabilidad institucional y financiera del País.

@LuisFerCruz12

Publicado: abril 20 de 2022