Era evidente que la corte suprema perdió la competencia para continuar con la investigación contra el presidente Uribe, luego de que quedara protocolizada su renuncia al Senado de la República.
Durante más de una semana, la cuestionada sala de instrucción estudió la solicitud de la defensa del presidente Uribe en el sentido de que el expediente fuera remitido a la Fiscalía, pedimento que fue coadyuvado por la Procuraduría General de la Nación.
Los argumentos eran sólidos. La propia Sala Penal de la Corte Suprema en múltiples pronunciamientos ha concluido que delitos como los que le fueron injustamente endilgados al presidente Uribe no tienen relación ninguna con la función propia de los congresistas, motivo por el que investigaciones de esa naturaleza deben ser impulsadas por la Fiscalía General.
LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que en la sala de instrucción, cuyos magistrados votaron unánimemente -con excepción de la magistrada Lombana, quien fue recusada por Reyes- a favor de imponer la absurda medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe Vélez, hubo un acalorado debate, puesto que Reyes insistió hasta el último momento en mantener la competencia, yéndose en contravía de la jurisprudencia de la Sala Penal, delatando su falta de objetividad y su inquina política y personal contra el doctor Uribe.
El derecho, las pruebas, la jurisprudencia y el sentido común se impusieron.
Acá no hay nada que celebrar, porque la infamia continúa. El presidente Uribe es víctima de un montaje judicial, el cual se puede constatar al oír y ver las pruebas que obran en el expediente cuyo contenido está siendo revelado sin ediciones ni manipulaciones de ninguna naturaleza, por la periodista y directora del canal de Semana, Vicky Dávila.
Augusto Reyes quien montó una trampa para facilitar el secuestro del presidente Uribe, no se salió con la suya. El iba directo a la sentencia condenatoria, pero su obsesión, su falta de juicio, ponderación y sus arbitrariedades se convirtieron en su propia desgracia.
El magistrado-secuestrador Cesar Augusto Reyes abusó de su condición. Violó la ley y tarde o temprano tendrá que responder ante su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por el prevaricato que cometió.
Al decir popular, se le aguó la fiesta tanto a él como a los demás “eximios juristas” que con tono impostado de hombres majestuosos sentenciaban que el proceso contra el presidente Uribe debía continuar en la Corte Suprema.
Los argumentos de Montealegre y los chisgarabises que lo rodean -como Jorge Fernando Perdomo- para justificar que el proceso contra Uribe continuara en la Corte, eran puras rabulerías sin fundamento ni razón.
Esta decisión, que en ningún caso es una victoria, es una simple bocanada de oxígeno en esta larga batalla en defensa del honor y la dignidad del doctor Álvaro Uribe Vélez.
Publicado: septiembre 1 de 2020
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