La estrategia contra el presidente Uribe, ordenada por el saliente Juan Manuel Santos, cuyo último acto de gobierno –encarcelar al jefe del Centro Democrático- es un elogio a su propia condición de canalla y miserable, fue puesta en marcha por la corte suprema de justicia, particularmente a través de 3 magistrados: el presidente de la sala penal, Luis Antonio Hernández, Patricia Salazar y José Luis Barceló.
A este último, le correspondió investigar al presidente por el supuesto soborno de testigos, una imputación temeraria y sin sustento alguno.
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Es sabido que Barceló, hombre de izquierda radical, mantiene, a través de asesoras en el Congreso, contacto permanente con el senador comunista Iván Cepeda. Los canales establecidos, valiéndose particularmente de los servicios de una funcionaria llamada Paola Fonseca, han permitido un flujo permanente de información entre Barceló y Cepeda, en una clara y abusiva violación de la reserva sumarial.
Pero Barceló, además de contar con el apoyo irrestricto de Cepeda, un sujeto que tiene registradas más de 20 visitas a la cárcel en la que se encuentra confinado el delincuente Juan Guillermo Monsalve –principal “testigo” contra Uribe-, recurrió a los servicios de una vieja enemiga del presidente Uribe, a quien le dio la responsabilidad de liderar la investigación en su contra.
Se trata de la cuestionable magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave, una mujer que ha entrado y salido en muchas ocasiones de la corte suprema de justicia. Su última vinculación se produjo el pasado 19 de octubre, cuando a través del decreto 198, el magistrado José Luis Barceló la nombró “en provisionalidad” en el cargo de “magistrada auxiliar de la comisión de apoyo investigativo”.
Curiosamente, pocos días después de su nombramiento, la señora Yepes Arroyave fue designada para le hiciera un interrogatorio al tristemente célebre, Carlos Areiza, paramilitar que fue asesinado en extrañas circunstancias, precisamente después de confesar que había mentido en distintos procesos a cambio de dinero y privilegios ofrecidos por el senador comunista Iván Cepeda.
Areiza era un criminal de carrera que fue condenado por falso testimonio. Luego de que se realizara una prueba grafológica de un testimonio suyo, se vio obligado a confesar ante la justicia que efectivamente Iván Cepeda le había hecho ofrecimientos concretos a cambio de que mintiera sobre el presidente Uribe y otros dirigentes del Centro Democrático, entre ellos el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.
Si alguien se perjudicaba con la confesión de Areiza era, precisamente Iván Cepeda, así que bien harían los funcionarios que investigan ese crimen en tener en cuenta un interrogante elemental: ¿Quién se perjudicaba con el testimonio de la persona asesinada?
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Luego del interrogatorio a Areiza, tomado por la magistrada auxiliar Sandra Yépez, la corte suprema procedió a poner en marcha el plan criminal contra Uribe. De manera insospechada, cerró la investigación que se adelantaba contra Cepeda por el soborno de testigos y se anunció la apertura de una investigación contra el presidente Uribe, quien había sido el denunciante de Cepeda.
El mundo al revés.
Pero para la justicia colombiana, esa misma en la que sus más encumbrados magistrados venden sus sentencias, hacer esguinces y fabricar procesos es una costumbre inveterada. No se puede nunca perder de perspectiva que quienes hoy investigan a Uribe, son las personas que trabajaron codo a codo con los cabecillas del denominado “cartel de la toga”, Leonidas Bustos y Gustavo Malo.
Es evidente que Sandra Yepes, que es una funcionaria de la procuraduría nombrada provisionalmente en la corte suprema, está haciendo un mandado. Ella tiene sobrada experiencia en la construcción de tinglados contra el uribismo.
Durante los años de la investigación de la denominada “parapolítica”, Yepes fue una suerte de correveidile de Iván Velásquez, el sujeto que emborrachaba a los testigos para sacarles su testimonio en estado de enajenación mental.
- Para conocer más sobre Iván Velásquez, puede leer Los juristas del mal.
Sandra Yepes es recordada por haber abierto investigaciones contra parlamentarios sin que hubiera pruebas suficientes. De hecho, muchos de sus compañeros de trabajo en su momento denunciaron su talante abusivo y poco riguroso, pues en sus actuaciones judiciales no ocultaba su inclinación ideológica.
Esa mujer, que habilidosamente en las últimas horas ha denunciado supuestas amenazas de muerte, es la encargada de liderar la investigación contra el señor expresidente Uribe. Y es evidente que el magistrado Barceló, encargado de cumplir la orden de Santos de llevar a Uribe a la cárcel, identificó a la persona indicada para hacer el mandado.
Lo cierto es que la señora Yepes Arroyave, que a lo largo de este año se ha encargado de filtrar convenientemente sus actuaciones a los periodistas de Noticias Uno y al columnista enemigo de Uribe, Daniel Coronel Castañeda, no es una investigadora; es la verdugo de Álvaro Uribe Vélez.
Publicado: julio 27 de 2018
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esa funcionaria solo era una lavaperros del magistrado…me consta…y además como que también había algo íntimo entre ellos…esa es la honestidad de esa funcionaria…vendiendose para ocupar un buen cargo…