Uno de los propósitos de la denominada consulta anticorrupción, hundida por falta de votos, es el de crear los “pliegos tipo” para efecto de hacer más transparentes las licitaciones públicas y evitar así la confección de procesos hechos a la medida de ciertos proponentes.

Los “pliegos tipo” son una herramienta importante para luchar contra los denominados carruseles de contratación.

Para ello, se hizo una consulta que costó más de $300 mil millones de pesos; días antes de ese certamen electoral, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez presentó un proyecto de ley que incorpora los pliegos tipo y los hace obligatorios.

Pero desde el 15 de enero de este año, cuando se promulgó la ley 1882, los “pliegos tipo” ya existen. En efecto, en el parágrafo 7 del artículo 4 de esa norma se lee claramente: “El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que adelanten”.

Para que no queden dudas, esa misma ley le concede al gobierno un poder absoluto en materia de adopción de “pliegos tipo” al señalar que “la facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección”.

Aquella norma le dio al gobierno de la época un plazo de 6 meses para la reglamentación. Es evidente que la administración de Juan Manuel Santos, comprometida plenamente con la corrupción y la repartición indiscriminada de la denominada mermelada, no iba a promulgar los decretos necesarios para poner en marcha los “pliegos tipo”.

No sucede lo mismo en el gobierno de Iván Duque. El presidente de la República está sincera y plenamente comprometido en la lucha contra la corrupción.

Resulta, eso sí incomprensible e inexplicable que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez no haya caído en la cuenta de que la norma que incorpora los “pliegos tipo” ya existe y haya presentado un proyecto de ley que inventa lo que ya está inventado. Ella, que estaba bastante alejada de la actividad política, al parecer se desconectó también de la realidad legislativa de nuestro país.

El gobierno cuenta entonces con las herramientas legales para emitir cuanto antes el decreto que le da vida a una de las principales promesas de la campaña que llevó al doctor Duque a la presidencia de la República.

No era necesario hacer la multimillonaria consulta por la que los colombianos pagaron más de $300 mil millones de pesos y tampoco se necesitaba que la ministra Gutiérrez presentara un proyecto de ley para crear lo que ya está creado.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 27 de 2018