La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, que no es muy amiga de los debates ni las comparecencias públicas, no puede dejar pasar la inaceptable interferencia en los asuntos nacionales de la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, la señora Patricia Llombart.
En un momento en el que toma fuerza la iniciativa del presidente Uribe consistente en convocar al pueblo colombiano -constituyente primario- para que, a través de un referendo, decida si la JEP debe o no seguir existiendo, la embajadora hizo una manifestación pública, a todas luces abusiva e desatinada.
En efecto, la señora Llombart escribió en su cuenta de ‘Twitter’ que: “La JEP se constituye en un baluarte para la justicia no solo de Colombia sino del mundo entero. Hoy se le referencia internacionalmente como pionero (sic) en los sistemas de justicia transicional. Un reconocimiento que extendemos a la labor realizada por Patricia Linares”.
No es claro a qué aspectos de la gestión de Linares, se refiere la diplomática europea. ¿Será a la fuga del narcotraficante ‘Jesús Sántrich’?, mafioso que quedó libre gracias a la acción decidida de la JEP. También es posible que la embajadora esté aplaudiendo a la expresidenta de la cuestionada jurisdicción por haber llenado esa entidad de cuotas y recomendados políticos del senador cabecilla de las Farc, Iván Cepeda, alias ‘Don Iván’; o que celebre un hecho que marcará con letras diamantinas el libro de la historia nacional: la construcción de un baño unisex en uno de los pasillos del tribunal que fue hecho a la medida de las necesidades de los terroristas.
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La JEP demostró que es una cueva de impunidades
Llombart debe saber que la causa por la que la sociedad colombiana está irremediablemente dividida es la trampa que Santos le hizo a los ciudadanos, cuando ilegalmente desconoció el resultado del plebiscito en el que la mayoría ciudadana votó en contra del acuerdo con los terroristas de las Farc.
Y uno de los factores primordiales por los que el electorado se opuso al acuerdo Santos-Timochenko fue la creación de un mecanismo de justicia en el que la impunidad es rectora. El tiempo se ha encargado de confirmar que los terroristas no pagarán por los crímenes ni las atrocidades que cometieron.
En cualquier escenario democrático, la mayoría volverá a votar en contra de la JEP y eso debe ser respetado por todos, empezando por los agentes extranjeros asentados en nuestro país.
Si la señora Llombart admira tanto a esa jurisdicción encubridora del crimen, bien puede irse a su natal España y proponer algo parecido para juzgar a los terroristas de ETA, con la seguridad de que sus connacionales pondrán el grito en el cielo y se opondrán con vehemencia -y razón- a la implementación de un modelo que agrede a la democracia, pisotea a las víctimas y premia inmerecidamente a los responsables de las atrocidades cometidas.
Hizo bien el Centro Democrático al emitir un comunicado rechazando de la manera más enérgica, la intromisión de la embajadora de la UE en los asuntos internos colombianos. En el documento emitido por la colectividad del presidente Uribe Vélez se lee que “invitamos a la Embajadora Llombart a tener en cuenta la voz y los intereses de miles de víctimas de delitos atroces, de violencia sexual y de todos los atropellos cometidos por las Farc contra la población, antes de formular comentarios como el que nos ocupa, carentes de fundamento y lesivos para la mayoría de colombianos”.
Lamentablemente, Colombia es un país que no reacciona con verticalidad cuando funcionarios diplomáticos extralimitan sus funciones, porque lo que realmente correspondería en este caso es la expulsión inmediata de esa embajadora, solicitándole a la Unión Europea la acreditación de un nuevo jefe de misión que respete nuestra soberanía y que cumpla con los ceremoniales y protocolos propios de la diplomacia.
Publicado: noviembre 5 de 2020
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