Eduardo Montealegre suscribió millonarios y cuestionables contratos hasta el último día en que estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación
Fueron muchas las polémicas que rodearon la gestión de Eduardo Montealegre Lynnet como Fiscal General de la Nación. Se le cuestionó por la manera como se manejaron algunos procesos en los que se hicieron imputaciones carentes de pruebas, como fue el sonado caso de Sigifredo López, o la utilización de testigos falsos como ocurrió en la investigación contra los imputados por la muerte de Andrés Colmenares.
A mediados de 2015, el país se escandalizó cuando los medios de comunicación revelaron la multimillonaria contratación adelantada por Montealegre quien meses atrás había recibido una cuantiosa inyección de dinero como consecuencia de la aprobación de un proyecto de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación.
El jefe del órgano de investigación se compró su propio avión privado para poder desplazarse con toda tranquilidad a lo largo y ancho de la geografía nacional. Así mismo y contra todas las advertencias, fundó una universidad en la que aspiraba pudieran capacitarse los investigadores y funcionarios de la fiscalía. El proyecto era quijotesco y a todas luces disparatado.
A pesar de las críticas que se le hicieron a la universidad de la fiscalía, por su inviabilidad financiera, Montealegre insistió en sacar adelante un proyecto que en pocos meses se convirtió en un elefante blanco que le costó 17 mil millones de pesos al erario.
El de la cuestionada Natalia Springer, es el caso que resumirá el mal manejo que Montealegre le dio al presupuesto de la fiscalía. Cuando la ciudadanía le exigió que rindiera cuentas por el excesivo gasto en la entidad que tenía bajo su control, Montealegre no solo no lo hizo sino que continuó ordenando cuantiosas erogaciones innecesarias, que poco o nada le aportan al perfil misional de la fiscalía.
Cursos de inglés en el exterior
Muchas entidades del Estado requieren que sus funcionarios hablen otros idiomas. Para un óptimo desempeño en el mundo contemporáneo, una persona que domine el inglés es mucho más competitiva que quien no lo haga. En ello no parece haber discusión.
Ahora bien, en cualquier organización se crean perfiles para los respectivos cargos. Se exige determinada formación profesional, estudios de postgrado y un mínimo de experiencia profesional acumulada, para efectos de garantizar que la persona que ocupe el cargo cumpla a cabalidad con las responsabilidades que le serán delegadas.
Igualmente, cuando determinada función requiere que la persona hable inglés, aquello queda estipulado antes y no después de su vinculación. En otras palabras: las entidades, cuando requieren que sus empleados hablen otro idioma, ponen aquella exigencia como requisito previo para proceder a la contratación.
Es perfectamente natural que la fiscalía general de la nación necesite funcionarios que hablen inglés. Seguramente, el dominio de aquel idioma hacen más fluidos los canales de cooperación internacional en materia de investigación y castigo del delito. Todo eso es muy cierto.
Pero lo que resulta extraño es que la fiscalía esté asumiendo la responsabilidad de costear los cursos de inglés de sus funcionarios, cuando lo que correspondería es que los cargos que demanden conocimiento de aquel idioma estuvieran siendo ocupados por personas bilingües.
El 28 de marzo de 2016, un día antes de culminar su periodo como Fiscal General de la Nación, de sus puño y letra, Eduardo Montealegre celebró un contrato por la suma de $1.009.965.000 millones de pesos con el señor León Eduardo Laverde Chaves, representante en Colombia de las universidades Marshall University y University of Exeter. El objeto del contrato: brindar cursos de idiomas a los funcionarios de la fiscalía.
Lo curioso es el precio tan elevado de cada curso. Si el funcionario es enviado a la universidad de Exeter, la fiscalía tendrá que pagar $14.350 dólares. Llama la atención que en el contrato no se especifique la intensidad horaria de los cursos de inglés. Lo que sí dejaron en claro las partes es que el contratista deberá “guardar absoluta confidencialidad sobre el conocimiento y la información adquirida, generada o procesada por el personal involucrado en el proyecto objeto del presente convenio”.
Una vez más, como sucedió con los cuestionados contratos celebrados con Natalia Springer, en estos cursos de inglés, la fiscalía se cuidó de obligar la confidencialidad. ¿Alegarán que una clase de idiomas en el extranjero se debe asumir como un asunto de seguridad nacional?
La otra universidad en la que se proveerán las clases de inglés es Marshall University, centro de educación superior público del estado de Virginia occidental. Por cada curso en ese claustro, la fiscalía pagará $16.255 dólares, que al cambio de hoy son poco más de 45 millones de pesos. No es una suma menor.
Revisando las calificaciones de las universidades de los Estados Unidos, resulta que Marshall University no aparece dentro de las 200 universidades que son valoradas a la hora de realizar el ranking nacional de centros de educación superior. Y lo que es peor: tampoco está dentro de las siguientes 200 universidades que no tienen el puntaje suficiente para ser integradas en el mencionado ranking.
Gracias a la cláusula de confidencialidad que Montealegre le incluyó al millonario contrato que firmó pocas horas antes de irse de la fiscalía, no sabremos quiénes serán los funcionarios que serán premiados con esos costosos cursos, ni la intensidad horaria de los mismos, ni podremos acceder siquiera a las calificaciones que obtengan los enviados. Lo que sí sabemos es que por cuenta del erario, algunos pocos empleados de la fiscalía podrán ir a los Estados Unidos o a Inglaterra a pasear y a aprender cómo se dice “buenos días” en inglés.
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