Una de las herencias malditas que recibió el gobierno de Iván Duque fue, sin duda alguna el caso del exministro Arias, preso en los Estados Unidos como consecuencia de una solicitud de extradición elevada por la corte suprema de justicia de Colombia, un par de meses después de haber dictado sentencia en contra de él, en julio de 2014.
Como es sabido, Arias fue hallado culpable en el caso de Agro Ingreso Seguro y condenado por la corte suprema a más de 17 años de prisión, una sentencia que para algunos resulta exagerada y para otros, injusta.
Arias, semanas antes de que se profiriera el fallo en su contra viajó a los Estados Unidos, país en el que presentó una solicitud de asilo, la cual, hasta el momento, no ha sido resuelta.
En agosto de 2016, por orden de la fiscalía del distrito sur de Miami, el exfuncionario del gobierno Uribe fue capturado con fines de extradición. Luego fue liberado bajo fianza y unos meses después, cuando el juez del caso decidió que él debía ser enviado a Colombia, fue nuevamente capturado.
Lleva poco más de un año en una prisión en la ciudad de Miami a la espera de ser extraditado en cumplimiento de la solicitud hecha por la sala penal de la corte suprema.
La defensa del exministro se ha centrado en alegar la inexistencia del tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, argumentando que éste no subsiste como consecuencia de que en nuestro país, la sala constitucional de la corte suprema, en 1986 declaró inexequible la norma que ratificaba el tratado –ley 27 de 1980-.
Para los Estados Unidos, el tratado de extradición sí existe y se encuentra en pleno vigor habida cuenta de que ninguna de las partes ha manifestado su interés de retirarse del mismo. Ni Bogotá ni Washington han considerado la posibilidad de denunciar el tratado que para las autoridades norteamericanas se encuentra vigente y, en criterio del departamento de Estado, es plenamente aplicable.
La tesis colombiana, teniendo en cuenta que el tratado fue firmado y ratificado, pero declarado inexequible por cuenta de que la ley 27 fue sancionada por el ministro delegatario Germán Zea Hernández y no por el presidente de la época, Julio César Turbay Ayala, es que éste –el tratado- está vigente, pero no es aplicable desde la órbita de nuestro derecho interno, lo cual no vicia su existencia a la luz del derecho internacional.
Así, las extradiciones de colombianos hacia los Estados Unidos se efectúan con base en el código de procedimiento penal, mientras que las extradiciones de los Estados Unidos hacia Colombia, se han realizado invocando el tratado.
Y aquella realidad es la que afecta al exministro Arias, pues la solicitud de extradición hecha por la corte suprema de justicia colombiana se realizó invocando ante las autoridades estadounidenses el tratado en cuestión.
Así las cosas, a Arias aún le queda la posibilidad de que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración –USCIS en inglés-, entidad que depende del Departamento de Seguridad Interna resuelva favorablemente la solicitud de asilo presentada desde el año 2014 y que aún no ha sido negada.
Lo cierto es que el presidente Duque y el canciller Trujillo, cuya solidaridad con Andrés Felipe Arias es evidente, no tienen en sus manos la posibilidad de que la corte suprema de justicia retire la solicitud de extradición, como tampoco les es dable interceder ante la petición de asilo del exministro, pues la decisión sobre la misma es totalmente discrecional de la autoridad administrativa que la está valorando.
Es claro que Santos y la corte suprema del denominado cartel de la toga, se empecinaron contra Arias, dejándole al gobierno uribista de Duque unos hechos cumplidos que son imposibles de reversar.
Publicado: octubre 18 de 2018
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