La extrema izquierda colombiana ha enervado la tesis macabra con la que se encasilla a los críticos del acuerdo con la banda de las Farc como “enemigos de la paz”, calificación que, por supuesto, pone en grave riesgo a la mayoría ciudadana que en 2016 votó en contra del cuestionado entendimiento con el terrorismo. 

Petro ganó con el apoyo decidido de los sectores adscritos a la violencia. Las Farc no dudaron en apoyar la candidatura del próximo presidente de Colombia que tan pronto asuma el poder presentará ante el Congreso todo su paquete de reformas, incluida la policía nacional. 

Uno de los grandes avances de la democracia colombiana fue la despolitización de la policía. Desde 1953, ese cuerpo civil armado depende del ministerio de Defensa.

Durante los años de la llamada “violencia” bipartidista de mediados del siglo pasado, la policía jugó un papel fundamental en la oleada de terror que se registró en el país. 

El día que Rojas Pinilla dio el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Laureano Gómez, se expidió el decreto 1814 -13 de junio de 1953- por el cual la policía pasó “a formar parte activa del Ministerio de Guerra [hoy ministerio de Defensa], como el cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización propios…”.

Con ocasión de la redacción de la Constitución de 1991, se ratificó la naturaleza civil de la policía “cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” [artículo 218].

Como candidato y ahora como presidente electo Gustavo Petro ha advertido que hará cambios en la estructura de la policía, partiendo de una premisa totalmente falsa: que esa institución es de corte militar. Sustenta su afirmación en el hecho de que los grados de los oficiales son semejantes a los de las Fuerzas Militares. 

Constitucional y legalmente la policía es un cuerpo civil que es controlado por el ministerio de Defensa. Sacarla de esa órbita traerá consigo una inminente politización de esa institución.

El régimen comunista de la llamada República Democrática Alemana logró mantenerse durante cinco décadas gracias a la intervención permanente del denominado ‘Ministerio para la Seguridad Estatal’, conocido popularmente como la Stasi.

Era una policía política que en la teoría cumplía la función de mantener la paz y la convivencia de los ciudadanos que habitaban en el lado comunista de Alemania. 

Con la caída del Muro de Berlín, el mundo conoció los horrores cometidos por la Stasi. Seguimientos, persecuciones, interrogatorios, torturas y desapariciones. Una policía política Orwelliana en todo el sentido de la expresión. 

Petro advierte que tiene el propósito de crear el ‘ministerio de la paz, la seguridad y la convivencia’, cartera de la que en adelante dependerá la policía colombiana. Un retroceso de casi 70 años. Volver a politizar a una institución que con el paso de los años se ha profesionalizado y cuyos integrantes se mantienen al margen de los vaivenes de las controversias ideológicas es un error garrafal y constituye una delicada amenaza contra millones de colombianos que no comulgan con el nuevo gobierno. Surgen múltiples interrogantes, siendo el primero de ellos la función de esa nueva policía: ¿Se concentrará en garantizar la seguridad ciudadana o en reprimir, perseguir y agobiar a los opositores del régimen? ¿Los críticos del acuerdo con las Farc estarán en la mira de esa policía que “reprimirá” a los “enemigos de la paz”?

Dados los antecedentes autoritarios de Petro, su intolerancia a la crítica y su odio visceral contra quienes no piensan como él, es válido pensar que la policía concebida por el nuevo presidente será, ante todo, una herramienta de intimidación como lo fue la Stasi en Alemania oriental.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 12 de 2022