Nadie discute que las políticas públicas deben esmerarse en superar la pobreza y promover la igualdad, sobre todo en circunstancias en que una y otra sean extremas. Pero una cosa es la motivación de las políticas, que es de suyo razonable, y otras muy diferentes su formulación, su aplicación y sus resultados.

No es cierto que nuestros últimos gobiernos hayan ignorado esos cometidos. Bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez se lograron indiscutibles avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas más pobres de nuestra población y lo mismo puede decirse de la gestión de Santos, pese a las discrepancias que por otros aspectos ha suscitado. Pero a Duque le tocaron en mala suerte la pandemia y el “putsch” del candidato a quien derrotó en 2018, que dieron lugar a un sensible retroceso respecto de los logros obtenidos en años anteriores. 

En la reciente campaña electoral todos los candidatos coincidieron en la necesidad de combatir el hambre que aflige a un elevado número de nuestros compatriotas. Es claro que el voto abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía estuvo motivado por estas consideraciones.

Lo que ahora se discute tiene qué ver con los modos de reducir tanto la pobreza como las desigualdades. La idea del gobierno que acaba de instalarse parece simple: hay que pedirles a los más pudientes que financien por la vía del impuesto las iniciativas asistencialistas en pro de los más necesitados. Y esas iniciativas comprenden una amplia gama de acciones como la renta básica, la jubilación de ancianos y mujeres cabeza de familia que no reúnen los requisitos para pensionarse, el salario para quienes no logren emplearse en el sector privado, quizás el subsidio del 50 % de la canasta básica y muchas otras más.

Tal como lo observó el entonces candidato Fajardo en un debate al que desafortunadamente no se dio pie para profundizarlo, las promesas del triunfador tendrían un costo superlativo, equivalente a varias reformas tributarias. Pero en ello se insiste ahora, no para hacerlo de una vez, sino paulatinamente en los años venideros.

El Estado de Bienestar, que según sus promotores aspira a proteger a cada persona desde la cuna hasta la tumba, abre muchas posibilidades de acción, unas muy razonables y otras no tanto. Todas ellas implican costos que debe sufragar el sector productivo. Su articulación exige buscar un difícil equilibrio entre lo deseable y lo posible. Si se desconoce la necesidad de ese equilibrio, todo termina como en el cuento de la gallina de los huevos de oro.

Si se aniquila el sector privado, lo que resta es la estatización, como sucede en Cuba, y la consiguiente pauperización de la población. Es, por lo demás, algo que anhelan no pocos extremistas que creen que de ese modo las comunidades resultarían más controlables. Ya lo ha dicho Francia Márquez: sólo hay que producir lo que sea estrictamente necesario. Y ciertos moralistas cristianos, dentro de los que quizás haya que considerar al Papa, agregan que de ese modo se eliminaría el consumismo que es un grave pecado del mundo capitalista. 

Parece muy simple extraer del sector productivo ingentes recursos para resolver necesidades insatisfechas de los sectores más desprotegidos de la comunidad, pero ese traslado de fondos pasa por un puente ineludible: el Estado, que al decir de Nietszche “es el más frío de los monstruos fríos”. Las correas de transmisión que el mismo opera conllevan los costos internos de la burocracia y, tras ellos, los de la corrupción. No todo lo que se les quita a los ricos les llega a los pobres. Los políticos venales se quedan con una muy suculenta tajada consistente en puestos y contratos, cuando no en latrocinio mondo y lirondo.

Se ha dicho que toda revolución se traduce en un cambio de ricos. A los ricos cubanos y venezolanos los han reemplazado unas castas voraces que oprimen a los pobres con más codicia que la que empleaban los denostados capitalistas. De esas castas se ocupó Milovan Djilas en un libro famoso, “La Nueva Clase“, que lo arrojó a la prisión en su nativa Yugoeslavia. En la URSS se las denominaba la “nomenklatura”.

Quizá con el nuevo régimen aparezcan entre nosotros esos nuevos ricos llamados a aprovecharse de las arcas públicas. Al parecer, en nuestra ciudad ya están haciendo de las suyas.

Como los promotores de este nuevo régimen no se atreven a proponer modelos como los fallidos de Cuba, Venezuela y Argentina, dicen que lo que los inspira es el de Corea del Sur, país al que poco conocen. Recuerdo que mi colega en Chile, el embajador de ese admirado país, me contaba que a mediados del siglo pasado allá reinaba una pobreza extrema. “Nuestros padres, me dijo, entendieron que el único modo de superarla era mediante la educación e hicieron un denodado esfuerzo para educarnos”. Eso es posible en comunidades disciplinadas como las orientales, pero no en las nuestras, sometidas a la férula de los sinvergüenzas de Fecode. Algo más: me decía que mientras el exitoso modelo económico de Taiwan está basado en las pymes, el de Corea del Sur reposa sobre grandes empresas, como Samsung. Allá reina un capitalismo que irriga prosperidad para toda la población.

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: agosto 17 de 2022