Después de 3 años y más de $800.000 millones gastados la JEP concluyó que las Farc secuestraban. ¡Qué sorpresa! Si no nos lo dicen no nos enteramos… Mientras tanto, los miembros del secretariado siguen ostentando tranquilamente sus credenciales de congresistas y esperando una sanción donde se ordene la restricción de libertades que, bajo ninguna circunstancia, se entenderá como cárcel ni medida de aseguramiento. Una burla total.
Han querido catalogar de histórica la imputación que le hizo la JEP a las Farc. Nada más alejado de la realidad. Que esa organización secuestraba no es una noticia nueva y mucho menos que esos actos eran ordenados por el secretariado. Fácilmente a esa conclusión también pudo haber llegado la Fiscalía hace muchos años, con menores costos y mayor efectividad.
Ahora la JEP, llena de escándalos de derroche burocrático y corrupción, quiere limpiar su imagen. No solamente con las costosas propagandas en horario estelar de televisión, sino mostrando unos resultados que no van a ningún lado.
Y digo esto tan crudamente porque es la realidad. Tras la imputación las Farc tendrán 30 días para aceptar su responsabilidad en los hechos. Si lo hacen -serían realmente estúpidos si no- accederán a las renombradas sanciones propias, es decir, restricciones de libertades y derechos que en ningún caso se entenderán como cárcel o medida de aseguramiento.
Esto, en palabras sencillas, significa que a los cabecillas les dirán: no salgan de Bogotá, Medellín o el espacio territorial que determine la JEP. Ah, eso sí, para restaurar a las víctimas vayan y ayuden en una cosecha, pinten una casa, siembren un jardín o hagan cualquier insensatez semejante que se le ocurra al respectivo magistrado ponente.
¿Les parecían detestables las mansiones por cárcel de los condenados por robar al Estado? Eso es un juego de niños comparado al sistema de justicia del Acuerdo de La Habana.
Y ese es precisamente el núcleo del problema de la JEP: el castigo es una payasada, un mal ejemplo para las próximas generaciones. Mucho se criticó en su momento a Justicia y Paz, pero bajo ese sistema se desmovilizaron más de 50.000 personas sin otorgar elegibilidad política, con cárcel para los máximos responsables y manteniendo abierta la puerta para la extradición.
Aquí ni siquiera fue posible extraditar a Santrich, la JEP fungió como su abogado de oficio.
Paralelamente, mientras los magistrados de la JEP alistan sus bolígrafos para firmar la payasada de sanciones del secretariado, estos siguen posando de mártires de la injusticia social en el Congreso. Burlándose de un Estado que castiga con severidad al criminal ordinario, al que roba un celular o una bicicleta, pero con suma benevolencia a aquellos que mantuvieron durante años a miles de compatriotas encadenados a un árbol como animales de exhibición.
Para ponerle la cereza al pastel, este castigo irrisorio va de la mano del incumplimiento en la reparación a las víctimas. El año pasado finalizó el plazo para entregar los bienes y el balance es infame. Prometieron $1 billón, entregaron $50.000 millones. Faltó por entregar el 82.4% del dinero, el 42.6% del oro, el 99% de los semovientes, el 98.9% de los inmuebles y el 98.7% de los vehículos. Repito, una burla total.
Acá no hay nada que celebrar. Más bien, mucho que reprochar. Las Farc se salieron con la suya, arrodillaron al Estado y ni siquiera hubo una desmovilización total. El narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia en las regiones y los índices de reincidencia cada vez son más altos. Reinó la impunidad, la peor de las consejeras. ¿Para cuándo la reforma a la JEP?
Publicado: febrero 3 de 2021
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