En 2016 la ONG Transparencia Internacional determinó que Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo, frente a una Somalia que por más de una década ha sido catalogada como el país más corrupto de todos –de un total de 176-. Esta organización afirma que, aunque es difícil establecer criterios claros, la percepción de la ciudadanía es importante a la hora de establecer cuánta confianza tiene la gente en sus instituciones.

De acuerdo a esta escala, Colombia ocupa la posición número 90 entre los países más corruptos del mundo, siendo una posición lamentable si se le compara con otras naciones de América Latina como Uruguay (21) o Chile (24), o alentadora si nos comparamos con Venezuela (166).

Pero más allá de cómo están nuestros vecinos, lo cierto es que el Estado colombiano está perdiendo la lucha contra la corrupción, que al año está costando $55 billones de pesos que se roban y dejan de invertirse en educación, salud e infraestructura.

Episodios que parecen no terminar y que se refuerzan cuando por más que se habla de la corrupción en Buenaventura, el hijo del alcalde resulta implicado en lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir al usar recursos de este municipio para adquirir predios en Cali por 605 millones de pesos a través de terceros. Su padre había sido capturado días antes por corrupción en la contratación de inversiones en el hospital mientras el pueblo clama por un mejor servicio de salud.

A la par que Néstor Raúl Correa es reemplazado por la polémica Martha Lucía Zamora como Secretaria Ejecutiva de la JEP por no atender los costosos caprichos de los magistrados de este “súper poderoso” tribunal. Sin mencionar, que Roberto Prieto –ex gerente de la campaña del Presidente Santos en 2014-, intentó modificar los testimonios de directivos de Odebrecht para salir impune de la investigación que adelantan contra él y el presidente Santos.

Es lamentable cómo en pleno siglo XXI seguimos siendo una República con una institucionalidad débil que todavía no comprende que la corrupción limita nuestro desarrollo, mina la confianza en el Estado y deslegitima el sistema político hasta permitir la aparición de políticos populistas como Gustavo Petro.

Necesitamos que en los próximos 4 años la fórmula Duque/Ramírez logre llegar a la Casa de Nariño y junto a un Congreso renovado, saquen adelante iniciativas que contribuyan a castigar a los corruptos, despoliticen las Altas Cortes, reduzcan el derroche y bajen impuestos tanto al ciudadano de a pie como a las empresas ¡retomemos el rumbo!

@ChriGarces

Publicado: mayo12 de 2018