El Gobierno no puede permitir que el ELN intimide a la población con un paro armado. El accionar institucional debe ser contundente para proteger al País de esta infame amenaza terrorista que tiene un claro propósito electoral.
Desde siempre esa organización criminal ha buscado interferir con las elecciones. Entre más próximos están los comicios, más arrecian los ataques contra la infraestructura pública. Una dinámica hasta cierto punto estúpida, dado que terminan deslegitimando cualquier causa cercana a su estructura.
Sin embargo, más allá del análisis político que se pueda derivar de esta situación, lo cierto es que las afectaciones que se derivan de los camiones incinerados, las carreteras destruidas y las explosiones son completamente inadmisibles.
No solamente por el riesgo inminente en el que queda la población de la zona, sino por el impacto que esto tiene en el transporte de carga y, consecuentemente, en el costo de vida de todos los colombianos.
Por ejemplo, los bloqueos que se presentaron en las manifestaciones del año pasado causaron un alza sistemática en prácticamente todos los alimentos en las grandes ciudades, situación que se replica en esta ocasión.
En efecto, los 10 ataques perpetrados en cuatro departamentos dejan prácticamente paralizado el suministro de bienes y servicios a varias regiones del País e implican un incremento en los costos de producción para la industria nacional, la cual, adicional a las ya altas cargas propias de los negocios, ahora debe asumir las pérdidas que implica dejar quietos los camiones de manera indefinida.
¡Esto es sencillamente inaceptable!
Por eso, hace bien el Ministerio de Defensa al desplegar 240.000 soldados para contrarrestar esta ofensiva terrorista. Bajo ningún motivo se puede actuar con debilidad al respecto. La población y la economía requieren ser defendidas sin titubeo alguno.
No obstante, este difícil contexto evidencia la necesidad de reforzar la capacidad de inteligencia del País que durante el Gobierno pasado prácticamente se desmontó. La reacción de la Fuerza Pública no puede limitarse a un ejercicio netamente reactivo, sino que ha de enfocarse en una operación que logre prevenir la comisión de los delitos.
En otras palabras, más que lamentar y rechazar los atentados, lo realmente vital es evitar que sucedan. Y para ello, es fundamental que el Ejecutivo haga caso omiso a las críticas oportunistas que siempre emergen cuando se toca este tema y le meta el acelerador a la reconstrucción de la inteligencia militar que hizo posible propiciar en el pasado los golpes más duros al narcoterrorismo.
Publicado: febrero 25 de 2022
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