Gracias a una entrevista de la nueva ministra de Minas con el diario El Tiempo, los colombianos pueden tener una primera aproximación al pensamiento de la persona designada por el presidente Petro para dirigir, de su mano, la política minero-energética del país.
En momentos en que el mundo sufre las consecuencias económicas causadas, entre otros factores, por la invasión de Rusia a Ucrania, situación que ayudó a que los precios del petróleo y gas se dispararan, Colombia le apunta a debilitar irresponsablemente su producción de hidrocarburos.
La situación internacional llegó en mal momento para los colombianos. El 2021 fue el peor en 13 años en términos de producción de crudo, con un promedio de 745.325 barriles diarios, un 5.7% menos de lo que se registró en 2020.
Las cifras son contundentes. Entre 2009 y 2014 más del 40% de los ingresos de la balanza de pagos fueron generados por el sector hidrocarburos que también es el generador del 70% de las exportaciones nacionales. Del petróleo y gas depende cerca del 85% de la inversión extranjera en el país.
Casi uno de cada 4 pesos de las finanzas públicas colombianas emana de esa industria.
Petro planteó una política de choque frente al petróleo. Su discurso de “descarbonizar” la economía colombiana terminó imponiéndose. Y para que no quedaran dudas de su decisión, puso al frente del ministerio de Minas y Energía a una filósofa con estudios de postgrado en geografía política y humana.
En su entrevista con El Tiempo, la señora Vélez contó su trayectoria -corta, pues tiene menos de 40 años-, casi toda ella entre aulas universitarias y realizando trabajo de campo, enfocando sus investigaciones en lo que ella llama “comunidades que quedaron completamente aisladas” por cuenta de grandes proyectos de infraestructura, o por el accionar de grupos armados ilegales.
La ministra de Minas tiene una gran experiencia en asuntos relacionados con el desplazamiento de seres humanos. Se vale del término “diáspora” para exponer las conclusiones de sus análisis y se concentra en las causas de dicha movilidad, haciendo hincapié en la falta de “servicios públicos, no hay universidades y los jóvenes no tienen nada para hacer en los territorios rurales…”.
Su formación ideológica es clara y se ajusta perfectamente a los requerimientos de un presidente socialcomunista. Entiende y define el estudio de la política como el mecanismo para “comprender relaciones de poder, de opresión, de subordinación, de dominio, de resistencia”. Una lectura muy alineada con las tesis marxistas sobre opresores y oprimidos.
La nueva ministra no tiene muy claros los conceptos de la industria de hidrocarburos. Repite lugares comunes sobre la “transición energética” sin proveer detalles ni cifras, empaquetando su razonamiento con el mensaje catastrófico de los ecologistas fundamentalistas sobre la inminente desaparición de la especie humana por causa del calentamiento global. Petro ha llegado al extremo de asegurar al mundo le quedan doscientos años de existencia (¡!).
No hay una sola fuente de energía renovable -con excepción de la atómica- capaz de suplir la capacidad que proveen el petróleo y el gas. Por más campos eólicos que se erijan y paneles solares que se instalen, no es posible reemplazar a los combustibles fósiles, realidad que los socialistas, que han utilizado al medio ambiente como una herramienta para alienación y manipulación de la sociedad, evitan mencionar en sus intervenciones.
El discurso ancestral, de devoción por la “madre tierra” y de compromiso para “detener su desangre” es muy eficaz en tiempos de campaña ante auditorios proclives a ese tipo de mensajes, pero en el ejercicio del gobierno y la administración de las finanzas públicas es claramente ineficaz. Y de ser aplicado, las consecuencias inmediatas en términos económicos son demoledoras.
El propósito del nuevo gobierno raya en el absurdo. La ministra anuncia que si el gas de Colombia no es suficiente, no habrá problema porque lo comprarán en Venezuela. En términos reales, los consumidores terminarían pagando 5 veces más caro el gas que utilizan en sus hogares. Esa alza golpearía, sobre todo, a los estratos más bajos -1 y 2- que son los que demandan más del 60% del gas que se comercializa en el país.
Lo que viene para Colombia está escrito. El camino ya lo recorren otros países de la región que convirtieron al petróleo y el gas en los enemigos públicos número uno. Argentina país que, a pesar de tener las segunda reservas de gas más grandes del planeta, gasta más de un tercio de sus reservas del banco central en la compra de gas a Brasil y Bolivia.
El país suramericano está prácticamente quebrado, con una devaluación e inflación aceleradas y con una demanda creciente de gas, sobre todo en la época de invierno. La solución está en la construcción de un gasoducto que jamás fue priorizado por la casta de los Kirchner que llevada décadas haciendo politiquería con el discurso ambientalista.
Ahora, cuando se dieron cuenta de la necesidad de la obra, Argentina no tiene las divisas necesarias para hacerla y, por cuenta de la dramática inestabilidad económica y política sumadas a la falta de seguridad jurídica -las empresas extranjeras no pueden sacar del país las ganancias de sus operaciones-, ningún inversionista foráneo ha mostrado interés de invertir los miles de millones de dólares para desarrollar ese megaproyecto.
Con el gas en su subsuelo e importándolo de otros países. Así mismo estará Colombia. Y el costo de esa estupidez lo asumirán los consumidores.
El razonamiento de la ministra Irene Vélez y del presidente Petro es muy débil. Los efectos medioambientales son exactamente los mismos si el petróleo y el gas son extraídos en el país o si son importados desde Venezuela.. La diferencia está en el impacto sobre las finanzas nacionales. Este no es un asunto de filosofía sino de números, algo que parece importarle muy poco al nuevo gobierno de Colombia.
Publicado: agosto 16 de 2022
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