La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, respondió la comunicación elevada por la Corte Constitucional donde la indagaban sobre su posición ante la aprobación e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En documento fechado el 22 de octubre del presente año la Fiscal Bensouda deja una vez más constancia sobre los riesgos generados por la creación de la JEP. Para resumir: la máxima preocupación de la CPI es que los máximos jefes de las Farc obtengan impunidad dentro del marco de la JEP.
Según la Fiscal, “la definición de responsabilidad del mando incluida en el acto legislativo 01 (aprobado por la Unidad Nacional en el Congreso de la República) se aparta del derecho internacional consuetudinario y, en consecuencia, podría frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir sus obligaciones de investigar y juzgar los crímenes internacionales”. (negrillas del columnista). No es la primera vez que la Fiscal de la CPI alerta sobre temas incorporados en el acuerdo de La Habana. El 26 de julio del 2003 en oficio dirigido al Presidente de la Corte Constitucional advertía ante el desarrollo y construcción del marco jurídico para la Paz: “Llegué a la conclusión que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso del proceso judicial nacional”.
Las dos comunicaciones de la Fiscal dejan claro que, la suspensión de la pena de prisión de las personas responsables de crimines de lesa humanidad solo busca sustraer a los integrantes del secretariado de las Farc de su responsabilidad penal que les asiste y viola postulados del Estatuto de Roma. Tengo la certeza que esta nueva alerta de la CPI será tema menor y etéreo en los medios de comunicación y no acatada por la Corte Constitucional y el Congreso de la República, hipnotizados por las imposiciones de los jurisconsultos Enrique Santiago (abogado de las Farc) y Juan Carlos Henao (abogado de Santos) arquitectos de la estructura jurídica del acuerdo de La Habana y del esperpento de lo que erróneamente denominamos JEP.
Lo correcto sería, que los negociadores de las Farc y del Gobierno de Santos convocaran de urgencia reunión para evaluar y acatar las recomendaciones de la Fiscal de la CPI, pero el nivel de alienación es total que les imposibilita leer y ver el futuro que les espera a los criminales de las Farc de seguir en su maratónica carrera de impunidad. Más temprano que tarde alguno de sus integrantes o tal vez varios, serán detenidos en algún aeropuerto del mundo en cumplimiento de las circulares rojas de INTERPOL que pesan sobre los jefes máximos de las Farc por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo.
La soberbia y cinismo de las Farc funcionará por algunos meses o un par de años en el territorio nacional donde al parecer y por los hechos que presenciamos, perdimos la dignidad, la soberanía, y la administración de Justicia: soberbia y cinismo que no funciona en el contexto intencional, donde tienen claro que las Farc son unos verdaderos asesinos.
Publicado: octubre 23 de 2017