La señora Lariza Pizano Rojas, abusando de su condición de editora política de la revista Semana, se convirtió en una abierta y decidida promotora de la candidatura de Claudia Nayibe López.
A pesar de haber sido despedida de la revista el 24 septiembre del año pasado, un mes y 3 días antes de las elecciones en las que López ganó la alcaldía de la capital colombiana, su colaboración fue clave para la victoria.
- Para un mejor contexto, es importante que lea La aduladora a sueldo
En tiempo récord, Pizano ha sido generosamente recompensada por la alcaldesa López, a través de dos jugosos contratos de prestación de servicios profesionales.
Uno de ellos, celebrado el pasado 28 de enero de este año con la Veeduría Distrital -contrato 008 de 2020- le impone a la Pizano 5 obligaciones específicas, una de ellas “apoyar la redacción y difusión de contenidos periodísticos para ser divulgados en los medios de comunicación”.
Una fuente de la Veeduría Distrital, le hizo llegar a la redacción de LOS IRREVERENTES, copia del informe de gestiones desarrolladas en el pasado mes de febrero por la periodista Pizano Rojas y por las que presentó una factura por $13.392.732 pesos.
La cuenta de cobro, hecha a mano, corresponde a los “honorarios contrato 008 de 2020. Actividades de coordinación y fortalecimiento de la comunicación de la Veeduría Distrital en febrero de 2020”.
De acuerdo con el informe de gestiones presentado por Pizano, la Veeduría Distrital le pagó la no despreciable suma de $13.3 millones de pesos por realizar a lo largo de un mes, dos comunicados de prensa -de menos de una cuartilla cada uno-, elaborar unos “bullets” que le sirvieron al Veedor, el putumayense Guillermo Rivera para contestar una entrevista para el diario El Espectador y para la redacción de una columna de opinión publicada en El Tiempo.
Igualmente, Pizano dice haber hecho el guion para un spot de 52 segundos, relacionado con el denominado “Día sin Carro”. Como se nota, el video tuvo muy pocas reproducciones.
Pero de su informe, lo que más llama la atención es que la señora Pizano, que supuestamente fue contratada para fortalecer la estrategia comunicacional de la Veeduría Distrital, haya cobrado por lo que ella misma denomina una “batería de trinos” sobre “Día sin Carro”.
Al revisar la cuenta de Twitter de la Veeduría Distrital, efectivamente fueron publicados 9 trinos cuyo alcance e impacto fue bastante limitado: 9 retweets y 17 likes en total.
Como si fuera gran cosa, la contratista Pizano, también presentó como parte de su gestión la participación en 3 reuniones y la “interlocución permanente con el publicista Carlos Duque para coordinar el desarrollo del Taller General de Comunicaciones de la Veeduría Distrital, el cual tendrá lugar el 6 de marzo de 2020”. (¡!).
Una fuente de la Veeduría le aseguró a este portal que no son pocos los funcionarios de esa entidad que han expresado su malestar frente al contrato con el que fue favorecida la periodista Pizano, pues ella cobra unos honorarios muy superiores a los del grueso de las demás personas que llevan muchos años trabajando allí y que tienen una pesada carga laboral, que va más allá de hacer trinos y atender animadas reuniones.
Dos contratos para hacer una misma tarea
Como se reveló por este portal, el de la Veeduría Distrital no es el único contrato que la alcaldesa Claudia López ordenó otorgarle a la periodista Pizano Rojas.
La Filarmónica de Bogotá, orquesta que históricamente ha tenido dificultades presupuestales para pagarles unos honorarios dignos a sus músicos y directivos, a través de su director sinfónico Antonio José Suárez Albarracín se vio forzada a perfeccionar un contrato – de $11.900.000 pesos mensuales- para la elaboración de un plan de comunicaciones.
El pasado mes de marzo, Lariza Pizano presentó un informe de labores en el que aparecen algunas reuniones, una de ellas con el encargado de las redes sociales de la filarmónica en la que “se aterrizaron mensajes estratégicos a partir de la estrategia (sic) de comunicaciones…”.
Pero en el informe presentado, aparece un detalle que llama la atención: el desarrollo de una actividad presentada por partida doble, tanto ante la Veeduría Distrital como ante la Filarmónica.
Por regla general en el Servicio Público, un funcionario solo puede tener un salario. En el caso de los particulares, éstos pueden celebrar múltiples contratos con el Estado. Aquello no está prohibido.
Pero no deja de llamar la atención que la señora Pizano le haya cobrado a la Filarmónica por la “coordinación con la Veeduría Distrital, de la celebración del Día de la Mujer en el Parque Nacional, para lo cual se contó con la participación del Coro Filarmónico Infantil y el Quinteto Filarmónico Femenino…”.
Y paralelamente, en la certificación de labores que emitió la supervisora del contrato de Lariza Pizano -Ángela Consuelo Parra- en la Veeduría Distrital, se lee la siguiente actividad: “En el periodo en mención [marzo de 2020] se coordinó con la Orquesta Filarmónica para el Día de la Mujer…”.
En criterio de un abogado especializado en contratación estatal consultado por LOS IRREVERENTES, “asesorar como contratista a entidades estatales es una actividad que no puede concurrir con intereses particulares. Desde la ética pública, es una mala práctica representar simultáneamente para una misma gestión, a organismos distintos. Certificar el cumplimiento de obligaciones contractuales adquiridas con distintos organismos públicos, con una misma actividad podría verse como una doble erogación. En términos sencillos: se pagó dos veces por una misma actividad, tal y como se nota en los informes presentados por la señora Lariza Pizano Rojas. Ahora bien, si esta circunstancia representa un beneficio especial, particular y concreto en favor de la contratista, se configuraría un posible conflicto de intereses que debió ser declarado por ella ante cada una de las entidades.”.
¿La contratista Pizano declaró ese conflicto de intereses ante la Veeduría y la Filarmónica? ¿Estamos ante un pago repetido por la misma actividad? Esos interrogantes deberán ser resueltos por los organismos de control que adelanten la respectiva investigación frente a aquellos onerosos contratos.
Lo cierto es que este caso, desnuda la manera muy cuestionable como la alcaldesa Claudia López abusa del presupuesto de los bogotanos para pagar favores políticos a través de contratos de prestación de servicios en los que los favorecidos con los mismos, tienen obligaciones mensuales risibles como preparar “baterías de trinos”, mantener “contacto” con publicistas, participar en algunas reuniones, redactar un par de páginas u organizar actividades que son cobradas por partida doble. El de la periodista Lariza Pizano es un solo caso de muchos que tienen que ser develados, investigados y eventualmente sancionados, porque la feria de contratos que se está registrando en Bogotá, es fácilmente comparable como la que se desató durante la fiscalía de Eduardo Montealegre, cuando personas como Natalia Lizarazo -conocida comercialmente como Natalia Springer- abusivamente llenaron sus alforjas con dineros de los colombianos.
Publicado: abril 19 de 2020
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