Desde hace años se sabía que la justicia estaba en manos de bandoleros. Nunca hubo voluntad para corregir esa realidad.
Mientras Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte eran unos “todopoderosos”, la justicia colombiana se convirtió en una cueva de Rolando en la que las decisiones más importantes se tomaban con criterio político o económico.
Bustos, desde la sala de casación penal de la corte Suprema de Justicia, lideró, junto a sus colegas Yesid Ramírez Bastidas – amigo íntimo del capo del narcotráfico italiano, Giorgio Sale- y Augusto Ibáñez, una brutal y despiadada cacería contra funcionarios honestos del uribismo. El caso más aberrante, el del exministro Diego Palacio Betancourt, a quien el propio Bustos ordenó condenar “por conveniencia política”.
Paralelamente, existía una empresa criminal, en la que se movían miles de millones de pesos para cuadrar procesos. Y no se trata de una revelación reciente, ni de un descubrimiento de algo exótico: todo se sabía y todo se había denunciado.
No hace mucho, a través de la hija de Leonidas Bustos se tramitó un soborno de $800 millones de pesos. Aquello fue denunciado, pero ninguna autoridad hizo lo que le correspondía para confirmar o desvirtuar aquel grave señalamiento.
En efecto, el hermano del exalcalde Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, denunció que la hija de Bustos le exigió la suma de $800 millones de pesos para que un recurso de casación que estaba siendo estudiado por el hoy exmagistrado fuera fallado a favor del exalcalde condenado a casi 30 años de cárcel por haber ordenado un homicidio.
Aquella denuncia llegó a la fiscalía de Montealegre y Perdomo y, como era de esperar, fue debidamente introducida en una de las más recónditas gavetas de esa entidad. Se daba por descontado que ellos le iban a guardar la espalda a Bustos quien además de ser su amigo, era socio en la Bacrim judicial.
Este no es tiempo para hacer demostraciones falsas de indignación, como las que se le han visto al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, miembro destacado de esa camarilla corrupta que se tomó por asalto a la rama jurisdiccional.
Gil, cuando era conejero de Estado, votó a favor de que Montealegre y Perdomo pudieran estar 4 años en la fiscalía. El favor le fue generosamente retribuido con un multimillonario contrato por $751 millones de pesos regalado por la fiscalía de Montealegre.
Pocas esperanzas hay de que la investigación que hasta ahora empieza en la comisión de acusaciones contra los exmagistrados Bustos y Ricaurte prospere. Los representantes investigadores, uno del liberalismo y el otro del uribismo, no tienen ninguna experiencia en derecho penal; el secretario de la comisión, Juan Pablo Duque, es cuota política de Eduardo Montealegre, con lo que se le pone un manto de duda a la legitimidad del proceso, pues la reserva sumarial será “un rey de burlas”. Y para rematar, el procurador Carrillo, delegó como agente especial a la señor Myriam Ávila, exmagistrada auxiliar en la corte Constitucional del cuestionado Luis Ernesto Vargas Silva, uno de los más cercanos amigos de Leonidas Bustos.
Aquel panorama permite prever que habrá un tapen-tapen monumental. La justicia colombiana se convirtió en un antro de corrupción y no hay solución a la vista.
El poder de Leonidas Bustos, Eduardo Montealegre y Ricaurte es omnímodo y a pesar del escándalo, éste se mantiene.
Van por la Auditoría General
En este momento, el consejo de Estado se dispone a elegir al próximo Auditor General de la República, en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba.
Uno de los aspirantes a ese cargo es el polémico magistrado del consejo nacional electoral, el liberal Emiliano Rivera.
Lo primero es que la aspiración de Rivera es una muestra execrable de puerta giratoria que une al máximo tribunal electoral colombiano con la entidad encargada de hacerle control a la gestión fiscal en nuestro país.
Pero hay un hecho adicional, aún más preocupante: la cercanía de Rivera con Leonidas Bustos.
Si el consejo de Estado designa a Emiliano Rivera como próximo auditor, estaría confirmando que el que manda en Colombia es, a pesar de los cuestionamiento, el corrupto exmagistrado Bustos.
El segundo “padrino” de Rivera es el exvicefiscal general de la Nación Jorge Fernando Perdomo. De hecho, cuando Perdomo aspiraba a ser Procurador General de la Nación, Rivera participó en una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga con el grupo del condenado coronel Aguilar. ¿Qué hacía un magistrado del CNE cuadrando respaldos a un candidato a la procuraduría?
Mientras a los altos cargos de las ramas del poder público sigan llegando personas de la categoría de Bustos, Perdomo, Montealegre, Rivera y Ricaurte, la corrupción continuará campeando con total impunidad. El Estado seguirá en poder de individuos que, aunque utilicen toga, son en efecto unos peligrosos delincuentes.
Publicado: agosto 22 de 2017