Informe de David Meza Pretelt
Tras la intervención llevada a cabo en los inicios del Gobierno de Juan Manuel Santos a SaludCoop y sus filiales, que atendían alrededor de 7 millones de colombianos, la empresa cayó en manos de políticos de la unidad nacional y funcionarios respaldados por ellos que se han encargado de desangrar la entidad, deteriorando la calidad de vida de los pacientes, afectando las condiciones laborales de sus trabajadores y en muchos casos causando muertes.
Una de las modalidades que se han empleado para desangrar a la EPS, es la contratación inflada y supuestamente cohonestada por los diferentes representantes legales que han desfilado por la entidad intervenida; quienes podrían haber incurrido en delitos como interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y peculado por apropiación a favor de un tercero.
El caso particular que fue recientemente denunciado ante la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía es el de la empresa Salus Global Partners GC S.A.S. y los montos de este nuevo round de presuntos asaltos a la salud bordean los $24 mil millones de pesos en contratación de servicios con los que la EPS ya contaba, es decir, contratación innecesaria. Todo esto bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Salud dirigida por Norman Julio Muñoz.
Muñoz ha recibido el respaldo de políticos del partido Liberal y La U, e incluso de partidos que pregonan luchar contra la corrupción como el partido Verde a través del Representante por el Cauca Oscar Ospina, ávido defensor del Superintendente en sus debates en el legislativo.
Los presuntos responsables de estos crímenes serían Luis Guillermo Vélez Atehortúa, Juan Carlos Giraldo Salinas, Carlos Alberto Cardona Mejía y Guillermo Grosso Sandoval, quienes fueron designados en distintos momentos por Norman Muñoz para “gerenciar” la entidad pero lo que en teoría habrían hecho es desangrarla para convertirla en mermelada, enriquecerse y aumentar así el respaldo político que les permitiese mantenerse en esos puestos.
La entidad SaludCoop EPS, convertida posteriormente en Cafesalud para poder garantizar su venta, contaba con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telemedicina (medicina remota) en 24 puntos a nivel nacional, como consta en el informe de gestión remitido a la Superintendencia de Salud en el año 2010, previo a la intervención.
La malversación de fondos denunciada tuvo su inicio en el año 2015 bajo el mando de Guillermo Grosso, contra quien se adelantan muchos investigaciones y se hizo tristemente célebre por la adquisición de lujos como sillas masajeadoras y automóviles blindados de alta gama con recursos de la salud sustraídos de los bolsillos de los colombianos.
El primero de los dos contratos llevados a cabo con la empresa Salus Global Partners que fueron denunciados ante la Fiscalía, con el fin de prestar servicios de consulta externa remota con médico especialista fue por un monto de $17.559 millones de pesos.
Un segundo contrato en ese mismo año y con la misma empresa, fue llevado a cabo por Guillermo Grosso con un valor de $6.466 millones de pesos, cuyo objeto era la prestación de servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Norman Muñoz, Superintendente de Salud y Guillermo Grosso, exgerente de Cafesalud
La Fiscalía General de la Nación inició investigaciones a estos y muchos otros contratos con presunta apariencia de ilegalidad en marzo de 2016.
Posteriormente Juan Carlos Giraldo (Vicepresidente de Cafesalud), presionado por una acción popular se vio obligado a sustentar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el contrato por consultas a través de telemedicina de $17.559 millones, incurriendo en supuesta falsedad al afirmar que desde mayo de 2015 se implementó un nuevo modelo de atención en IPS primarias, refiriéndose a la subcontratación de Salus Global Partners para prestar servicios que SaludCoop/Cafesalud ya había implementado internamente la entidad desde tiempos previos a la intervención.
Los trabajadores a la deriva
Es una gran ironía ver cómo el gobierno ha pactado y entregado gabelas a narcoguerrillas que dicen defender las luchas de los trabajadores pero castiga con difíciles condiciones a las decenas de miles de empleados del sector salud.
La corrupción carcome el sistema de salud así como muchas otras esferas del Estado colombiano. Lamentablemente, se volvió común al interior de la entidad ver cómo trabajadores que llevaban años dedicados a esta eran expulsados sin mayor justificación y cuotas políticas llegaban a estos cargos con casos manifiestos en departamentos como Boyacá y Sucre entre muchos otros.
Por el deterioro en las condiciones laborales, Unitracoop y Conaltrasaco, los mayores sindicatos de empleados de la entidad, han solicitado una revisión y solución a la grave situación que atraviesa la red hospitalaria de primer, segundo y tercer nivel a cargo de la también intervenida por la Superintendencia de Salud: Estudios e Inversiones Médicas, ESIMED.
Para los sindicatos de la empresa que agrupan médicos, enfermeras y todo tipo de empleados de la salud, no se puede garantizar el cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 que define los procedimientos y condiciones de los prestadores de salud. Esto ante la presunta inoperancia de Ángela Echeverry, quien como liquidadora de SaludCoop tiene en su poder la mayoría del componente accionario de ESIMED.
En el documento, los trabajadores denuncian paupérrimas condiciones laborales, con quirófanos y centros de atención sin aire acondicionado en zonas de altas temperaturas y deterioro de las instalaciones a niveles que no garantizan una atención digna a los pacientes.
Mientras las cabezas de la entidad viven una feria de contratos y puestos con el apoyo de los partidos del seno del presidente Juan Manuel Santos (Liberal y La U), pacientes y empleados pasan un calvario debido a la profunda corrupción en la que el actual gobierno ha sumido a casi todas las entidades a su cargo. No en vano Colombia ocupa un vergonzante puesto 90 entre 176 naciones en al índice de Transparencia Internacional 2016; al mismo nivel de estados fallidos como Liberia y Zambia.
¿Cuántas muertes más son necesarias para detener la corrupción en la salud?: Una pregunta que ni Santos, ni Alejandro Gaviria o Norman Muñoz han querido responder.
Publicado: mayo 25 de 2017