El general Uscátegui es víctima de una gran injusticia, orquestada por un colectivo de abogados al servicio de las Farc.
La pesadilla del general
El general Jaime Alberto Uscátegui es una de las víctimas más significativas de la injusticia que impera en nuestro país. Condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán –Meta-, el oficial infamemente se pudre en una cárcel, mientras que el verdadero cómplice de esa acción criminal llevada a cabo por un escuadrón paramilitar, el coronel Hernán Orozco, vive plácidamente en la ciudad de Miami, a pesar de tener una condena de 40 años sobre sus hombros.
El suplicio de Uscátegui empezó el 15 de julio de 1997, día en el que un grupo de paramilitares viajó desde el Urabá hasta Mapiripán para acabar con la vida de un grupo de campesinos inermes.
Uscátegui no era responsable de ese lugar
Aunque el general Uscátegui era el comandante de la cuarta división del Ejército, con sede en la ciudad de Villavicencio, aquello no significa que él fuera el responsable de la zona donde ocurrió la masacre. A lo largo del tortuoso proceso judicial que se adelantó en su contra, él pudo demostrar sobradamente que Mapiripán no estaba dentro de su jurisdicción.
No obstante, el bufete de abogados de las Farc, el denominado colectivo de abogados José Alvear Restrepo, entidad especializada en promover procesos contra el Estado colombiano en instancias internacionales, necesitaba la cabeza de un general para hacer mucho más atractivo el caso. Y la víctima de la patraña terminó siendo Jaime Alberto Uscátegui.
Falsas víctimas
Uno de los hechos más oscuros de la historia reciente de Colombia fue, precisamente, el manejo mercantilista que el colectivo José Alvear Restrepo le dio a las supuestas víctimas de Mapiripán.
La realidad confirmada es que el frente paramilitar que perpetró esa masacre, con la ayuda del coronel Hernán Orozco, mató a 9 personas.
De manera insólita, el colectivo se inventó 40 muertos que no existen para reclamar multimillonarias indemnizaciones que le han costado al Estado la friolera de $15 mil millones de pesos.
El montaje fue tan burdo que la justicia, esa misma que se prestó para sentenciar al general sin que exista prueba alguna de su responsabilidad en los hechos, ha impartido sentencias condenatorias contra algunos de los estafadores que, motivados por el José Alvear Restrepo, se presentaron como víctimas de Mapiripán, sin serlo.
A la JEP
Uscátegui nunca debió haber sido privado de la libertad, porque él no cometió ningún delito. Lleva 11 años encarcelado injustamente, pagando por algo que no hizo. Si alguien es víctima de las Farc en Colombia es, precisamente, el general que cayó en las garras de ese colectivo canalla de abogados que, desde la legalidad, persiguió infamemente a los más destacados y honorables miembros de nuestra Fuerza Pública.
Por eso, el general Uscátegui, anhelando recuperar la libertad presentó su caso ante la denominada justicia especial de paz.
Dudas sobre la imparcialidad
El hijo del general Uscátegui, el doctor José Jaime Uscátegui, presentó en nombre de su padre el caso ante la JEP, con muchas reservas sobre la imparcialidad y objetividad de aquel tribunal, cuyos magistrados aún no han sido seleccionados.
No son pocos los sectores de la opinión que sospechan que dichos magistrados serán designados con criterios ideológicos y con fines de vindicta política, dado el evidente matiz izquierdista de los 5 personas que fueron escogidos para hacer aquellos nombramientos.
La JEP será un tribunal para las Farc, para limpiar sus culpas e impartir absoluciones a diestra y siniestra.
La duda que persiste versa sobre las garantías de un proceso justo para los miembros de la Fuerza Pública colombiana cuyos casos lleguen a la JEP. Sólo el tiempo y los hechos absolverán los interrogantes.
Publicado: abril 13 de 2017