Es obvio que el mayor responsable de la debacle institucional, económica, social y moral que padece nuestro país es el señor Juan Manuel Santos quien volvió añicos al Estado colombiano durante los años que lleva al frente del gobierno nacional.

Su proceso con la banda terrorista de las Farc se convirtió en una burda aplanadora que destrozó todo lo que tuvo a su alcance, malogrando de manera grave instituciones fundamentales para la estabilidad del Estado como es la administración de justicia.

La justicia venía en un proceso de corrupción y politización desde 1991, cuando la nueva Constitución le asignó funciones electorales a las altas cortes, pero fue durante el gobierno de Santos en que la corrupción de la rama jurisdiccional se agudizó. Valga recordar que uno de los principales aliados del régimen era, precisamente, el criminal expresidente de la corte suprema de justicia, Leonidas Bustos quien fue calificado por la revista Semana –medio dirigido por el sobrino del presidente y casa editorial que se ha beneficiado con multimillonarios contratos estatales- como “el magistrado de la paz”. Y fue, bajo la mirada cómplice del gobierno que la Bacrim Judicial hizo y deshizo, convirtiendo a la corte suprema de justicia en un bazar donde circulaban miles de millones de pesos para torcer el rumbo natural de los procesos.

¿Por qué el gobierno Santos no quiso sacar adelante la necesaria reforma a la justicia? La respuesta es evidente: el pacto de complicidades entre él y el sector más corrupto de la rama incluía, como es natural, que no se le cambiara una coma al régimen imperante que es, en la práctica, un caldo de cultivo en el que los corruptos pueden hacer de las suyas con total libertad.

Si la descomposición en la justicia produce nauseas, la corrupción política no se queda atrás y ahí, en ese punto, el gran responsable, además del presidente Santos, es el cuestionado ministro del Interior, el putumayense Guillermo Rivera Flórez.

Rivera llevó a la acción política al nivel más bajo y execrable. A punta de prebendas, pero también de sobornos y chantajes mantuvo unas mayorías ficticias en el congreso de la República, para efecto de que éstas le aprobaran la agenda legislativa al gobierno nacional.

Cuando los congresistas de la unidad nacional –lo que queda de ella- expresaban reparos, las presiones no se hicieron esperar. Algunos, privadamente revelaron que desde el alto gobierno llegaron al extremo inaudito de amenazarlos con mover en la corte suprema los procesos judiciales que cursan en contra suya, en caso de que decidieran tomar la decisión de desmarcarse del régimen, hecho que pone a Santos a un nivel idéntico al del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

El ministro Guillermo Rivera es un sujeto extraño. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el origen de su carrera política. Se sabe, eso sí, que escaló posiciones en su departamento natal, el Putumayo, una de las regiones más convulsionadas del país por cuenta de la presencia de fuerzas ilegales. El narcotráfico y el terrorismo, son amos y señores en dicho departamento donde, es bueno recordarlo, nació la monumental lavandería de dólares que estableció el extraditado David Murcia Guzmán.

A pesar de estar hace algunos años en Bogotá, el doctor Rivera sigue controlando la política local en el Putumayo, departamento en el que literalmente no se mueve una hoja sin su consentimiento. Gracias al poder que ostenta, las autoridades nunca han podido profundizar en hechos de corrupción en los que el ministro ha estado involucrado e indagar si son ciertas las denuncias en el sentido de que su hermano, el señor Carli Rivera ha recibido jugosas sumas de dinero en efectivo de manos de los contratistas a los que les son adjudicados los contratos en ese departamento.

Así mismo, LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que uno de los principales motivos por los que Guillermo Rivera está obsesionado con sacar adelante la aprobación de las 16 curules para las supuestas víctimas de las Farc es porque una de ellas sería ocupada por su tía política, la señora Fátima Muriel, quien es la viuda de Julio Flórez, un tío del ministro que murió cuando hacía parte de la guerrilla.

La señora Fátima Muriel dirige en la ciudad de Mocoa una ONG de mujeres que en ningún momento ha representado ni se ha interesado por las víctimas. No obstante, su condición de tía del poderoso Guillermo Rivera y viuda del jefe terrorista Julio Flórez, es suficiente para que ella pueda llegar al Capitolio en representación de las víctimas.

Una persona allegada al ministro del Interior, le confirmó a este portal que en el Putumayo están seguros de que el consejo de Estado va a salvar las 16 curules, pues el propio Rivera ha hecho alarde público de su estrecha relación de amistad con el consejero de Estado, el huilense Alberto Yepes Barreiro, quien hace parte de la sección quinta de ese tribunal.

Mientras todo esto sucede, a nivel local la familia Rivera Flórez continúa afianzando su poder político y económico a tal punto de que las empresas petroleras son obligadas a transportar el crudo a través de los carro tanques del hermano del ministro del Interior, cuando les saldría mucho más económico y eficiente hacerlo a través del oleoducto.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 9 de 2018