Pablo Felipe Robledo convirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio en policía política para perseguir empresarios desafectos al gobierno.
Para nadie es un secreto que en el gobierno de la Santos, la superintendencia de industria y comercio –SIC- se convirtió en una policía política para “ajustar” a los empresarios que no le marchen disciplinada y obedientemente al régimen.
Para adelantar el trabajo sucio, Santos puso al frente de la SIC a un sujeto vanidoso, arbitrario y pantallero. Se trata de Pablo Felipe Robledo, un abogado del Externado, muy cercano al cuestionado exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y quien empezó su carrera de la mano del tristemente célebre exdirector del DAS durante el proceso 8000 y hoy contratista del Estado, Ramiro Bejarano Guzmán.
Desde que tomó las riendas de la superintendencia, Robledo se ha rodeado de verdaderos “perros de caza” que abusan del poder, llegando a extremos inauditos de adelantar “operativos” como si fueran policías judiciales.
Las “visitas” de la SIC a las empresas que son investigadas parecen operaciones cinematográficas en las que nadie puede moverse y, sin facultades legales para hacerlo, se incautan computadores y archivos físicos y electrónicos, vulnerando principios legales y constitucionales.
Uno de los hombres de confianza del superintendente Robledo es el señor Francisco Melo Rodríguez, quien se desempeña como “coordinador del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial”. Desde su cargo, Melo Rodríguez cumple a cabalidad las órdenes impartidas por Robledo, no todas ceñidas a los protocolos establecidos.
Robledo se ha hecho famoso en Colombia por decisiones cargadas de espectacularidad frente a lo que él, para darle un toque de criminalidad al asunto, ha llamado “los carteles”. Así, ha adelantado investigaciones contra distintos sectores de la industria colombiana, pero particularmente frente empresarios que no ocultan sus críticas a la administración Santos. Está el ejemplo de los azucareros, principalmente la familia Ardila –propietarios también de RCN radio y televisión, cadenas que no se han arrodillado ante la denominada mermelada y han hecho denuncias gravísimas contra el gobierno- quienes son dueños de uno de los ingenios sancionados con una multa prácticamente impagable.
Aquel procedimiento, valió para que la procuraduría, en 2016 abriera una investigación contra el superintendente Robledo por haber delegado la investigación de los azucareros en un funcionario que estaba en evidente conflicto de intereses.
Al parecer, al doctor Robledo le tienen sin cuidado ese tipo de conflictos y la prueba de ello es el poder con el que invistió al funcionario Melo Rodríguez quien tiene una inmejorable contraparte al interior de la superintendencia: su esposa Mónica Julieth Castillo Porras, funcionaria que está vinculada a la SIC desde el año 2012.
La señora Castillo funge desde mayo del año pasado como “asesora del despacho” del Superintendente.
Estamos frente a una llave infalible: Robledo le ordena Melo hacer una investigación –con allanamiento y confiscación de archivos-, luego las pesquisas pasan a su despacho, donde Mónica Julieth Castillo tiene acceso a lo que hizo su esposo, Francisco Melo; desde allí se toman las decisiones finales y todo queda, literalmente, en familia.
Cuando un empresario cae en la mira de Robledo, su suerte está echada. Difícilmente podrá salvarse. Su equipo de trabajo está configurado de tal manera que quien sea investigado por la superintendencia no tiene, en la práctica, derecho a un debido proceso. Las investigaciones son una verdadera pantomima y prueba de ello son los superpoderes que tienen los esposos Melo y Castillo: uno investiga por orden del jefe de ambos y la otra define de acuerdo a los intereses del superior, basada en las pesquisas que adelanta su marido. Una verdadera muestra de arbitrariedad y abuso del poder, prácticas muy comunes en el gobierno de Santos.
Publicado: noviembre 7 de 2017