Detener la exploración y exportación de petróleo, como propone Petro, dejaría al País sin recursos para construir infraestructura y financiar proyectos sociales. El hueco fiscal que causaría tal decisión agravaría el ya complicado déficit y endeudamiento y espantaría a miles de inversionistas que se llevarían sus recursos a otras latitudes.

En este tema las cifras hablan por sí solas. Nada más por concepto de dividendos de Ecopetrol a las arcas de la Nación ingresarán $8.4 billones en 2022 y en los últimos 10 años los aportes totales de esta empresa al Gobierno superan los $200 billones entre utilidades, impuestos y regalías.

Además, el Presupuesto Bienal de Regalías 2021-2022 ascendió a $17.3 billones, de los cuales $16 billones se destinan a financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales, y el sector minero-energético concentró el 29.4% de la inversión extranjera directa que llegó a Colombia en 2019 y el 32.9% de la misma en 2018.

Claramente, sin estos recursos el País no podría financiar la expansión de la capacidad instalada del sistema de salud, las vías terciarias, lograr la cobertura universal y la jornada única en educación básica y media o financiar programas sociales para las comunidades más vulnerables.

Por eso es tan peligrosa la propuesta de Petro de suspender la exploración y exportación de petróleo. Hacerlo ahuyentaría por completo a más de una cuarta parte de la inversión que llega al País, causaría una grave afectación a los ingresos del Presupuesto General de la Nación por concepto de dividendos e impuestos y dejaría a miles de familias de las regiones productoras sin la única fuente de trabajo que se genera en la zona.

Lo peor de todo, es que su accionar no se limitaría a lo descrito, sino que seguramente incluiría el no otorgamiento de nuevas licencias mineras y el boicot a los proyectos de extracción vigentes.

Y claro, por supuesto que el País debe diversificar su economía a mediano plazo para dejar de depender de la extracción de recursos naturales. Sin embargo, esa es una transición que se debe dar, por un lado, sin sacrificar el recaudo de estos recursos en el corto plazo y, por otro lado, aprovechando los ingresos que genera la inversión minero-energética para impulsar la infraestructura de los demás sectores.

Ahora bien, para compensar el grave impacto económico que traería su propuesta Petro afirma que la solución está en pasar de 5 a 15 millones de turistas anuales. Un propósito que todos compartimos, pero que no brinda una solución real a corto plazo para sustituir los ingresos que genera la minería y el petróleo.

Por ejemplo, Colombia tardó 17 años, desde 2002 hasta 2019, para pasar de 1.1 a 4.5 millones de turistas anuales y, de hecho, la meta del Gobierno de 6 millones de turistas extranjeros en 2022 se vio fuertemente afectada por la pandemia. A este ritmo, y suponiendo que las condiciones de seguridad del País no empeoran de aquí en adelante, tardaríamos de una a dos décadas para llegar a los 15 millones de visitantes, tiempo en el cual no podemos dejar de financiar las carreteras, los colegios, las universidades, los hospitales y los aeropuertos que se hacen realidad gracias a los aportes del sector minero-energético.

En otras palabras, lejos de mutilar a la industria extractiva y desfinanciar a la Nación, lo que necesitamos es adelantar una explotación de recursos naturales de manera ambientalmente responsable y estructurar una transición energética que nos permita incursionar en el terreno de las energías renovables a mediano plazo sin sacrificar el recaudo que genera la minería y el petróleo a corto plazo.

@LuisFerCruz12

Publicado: octubre 27 de 2021