El exmagistrado Leonidas Bustos, una de las personas más oscuras de la justicia, lidera una Bacrim en la rama judicial.
Leonidas Bustos, expresidente de la corte suprema es, sin duda, uno de los personajes más oscuros de la justicia colombiana.
Egresado de la universidad Libre, forjó su carrera en el seno de la rama judicial. Llegó a la corte suprema en el año 2008, para ocupar la vacante que en la sala penal había dejado Mauro Solarte.
Bustos es un hombre pragmático que entiende a la justicia como una herramienta para consolidar el poder y no para prestarle un servicio a la comunidad. Desde su llegada al máximo tribunal, se dedicó, apoyado por su colega Francisco Javier Ricaurte, a su posicionamiento como un verdadero “patrón”, enfocándose en la consecución de cuotas burocráticas y a la persecución de funcionarios uribistas, adoptando decisiones “por conveniencia política”, tal y como él mismo aseguró cuando estaba decidiéndose la suerte del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
La corte suprema de justicia de Bustos, se convirtió en un directorio político de oposición al uribismo, olvidando su función como órgano de última instancia de la justicia ordinaria.
Gracias a Bustos, en Colombia se creó una verdadera Bacrim judicial en la que se movían miles de millones de pesos. Aquel entramado de corrupción funcionaba como un reloj suizo del que hacían parte algunos magistrados, funcionarios de la fiscalía, testigos falsos y abogados.
El procedimiento consistía en negociar fallos absolutorios y el pago de los sobornos se hacía a través de los abogados que presentaban elevadas facturas por concepto de honorarios que en realidad era la cuota fijada para que la investigación llegara “a feliz término”.
Gustavo Moreno fue el operador por excelencia de esa estructura delincuencial. De la noche a la mañana, se convirtió en una “brillante estrella” del derecho penal, sin mayor talento académico ni experiencia profesional. Como por arte de magia, empezó a quedarse con la representación de importantes personajes de la política nacional con cuentas pendientes con la justicia, cobrando honorarios multimillonarios.
El resultado de la operación era previsible: absoluciones o preclusiones a favor de los investigados.
Por mandato constitucional, le corresponde a la cuestionada comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes avocar la investigación contra los exmagistrados contra quienes pesan remitidas desde los Estados Unidos. Si la sociedad no ejerce presión sobre los congresistas que integran esa célula de investigación para que adelante con celeridad y transparencia el proceso, ésta terminará, inevitablemente, durmiendo el sueño de los justos en una gaveta del congreso de la República.
La comisión de acusaciones debe proceder a desvincular a su secretario general, el cuestionado Juan Pablo Duque, quien llegó a ese cargo por imposición del hoy exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Leonidas Bustos. Duque, quien pasó de ser asesor de Montealegre a secretario de la comisión, no genera la más mínima garantía.
Así mismo, un hermano del encarcelado exfiscal Gustavo Moreno, funge como asesor de esa célula congresional.
El país requiere resultados en la investigación que comienza y la comisión de acusaciones, colmada de cuestionamientos, no puede enviar un mensaje equivocado.
Ricaurte y Bustos dejaron de ser magistrados hace bastante tiempo. Existe evidencia de que ellos comparten oficina. Aquellas actuaciones ilícitas cometidas con posterioridad a su salida de la corte, tienen que ser investigadas por la fiscalía y falladas por un juez.
Este es, sin duda, el comienzo del desmonte de la Bacrim que lastimosamente se incrustó en la justicia colombiana. Bien por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez que, apartándose de cualquier consideración o cercanía con algunos de los ahora investigados, procedió con verticalidad y decisión.
Publicado: agosto 16 de 2017