La reforma constitucional del equilibrio de poderes y reajuste institucional, introdujo en nuestro sistema legislativo una figura que contribuirá a fortalecer la independencia de los poderes y seguramente aportará insumos eficaces en la lucha contra la corrupción. Por efectos de dicha reforma, a partir de las próximas elecciones presidenciales, el candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes.    

Así las cosas, con la polarización que mantiene el país, el próximo Presidente de la República deberá tener especial cuidado en las relaciones con las bancadas de los partidos políticos que no lo acompañaron, y en la forma de presentar su agenda legislativa.  La fórmula presidencial que quede en segundo lugar en las elecciones venideras, no tendrá que acudir a gritar desde la carrera séptima para llamar la atención de los medios de comunicación, sino que tendrá además de iniciativa legislativa, la de presentar citaciones a ministros, motivar y promover mociones de censura y de manera muy legítima convocar los debates importantes sobre los temas nacionales. En síntesis, habrá un súper-senador y un súper-representante con marcado liderazgo en cada corporación legislativa, lo que a la postre generará una estructura de corte parlamentario con verdadero control político y capacidad de denuncia pública si llegase a subsistir la deshonrosa compra venta de votos con cupos indicativos para evitar la discusión de la agenda y lograr la aprobación de la voluntad del gobierno. 

El Acto Legislativo número 2 de 2015, dio un paso fundamental en la construcción de una nueva arquitectura constitucional, que aunque filosóficamente hablando, hubo una seudo sustitución constitucional, la Corte Constitucional terminó por avalarla y los colombianos de bien, vamos a ver el comienzo de la adopción de nuevas prácticas políticas, o a vivir la última de las frustraciones de los últimos tiempos, para abordar caminos inciertos en la búsqueda de un modelo político que nos aleje de la corrupción responsable de la pobreza y del atraso económico de la Nación.   

El Presidente de la República que elijamos, tendrá la responsabilidad de no intentar siquiera sobornar al Congreso de la República para sacar adelante la agenda legislativa. La sociedad civil estará expectante para ver si entre esas dos ramas del poder público son capaces de avanzar en las trasformaciones y los cambios que Colombia necesita.  Una de ellas será la reforma a la justicia, que para logarla y sacarla adelante, se requiere de un congreso y unos congresistas probos y preocupados por la suerte y el futuro de la patria y no de unos “próceres” ansiosos por recuperar sus inversiones de campaña.   

Todavía el país abriga la esperanza de hacer las reformas por la vía del congreso. Pero también, que el costo no sea a punta de mermelada como en la etapa que termina. Si los nuevos congresistas son inferiores a las circunstancias venideras, será la otra rama del poder público, la judicial, la que allane el camino para que las reformas las haga una asamblea constituyente.

@AlirioMoreno

Publicado: marzo 20 de 2018