Una de las prácticas más abominables de los grupos terroristas que delinquen en Colombia es la del reclutamiento forzado de menores de edad.
No es algo nuevo. Desde los años 70, esas organizaciones se dieron a la tarea de engrosar sus filas con niños. El M-19, de lejos una de las más violentas y peligrosas estructuras de la historia, estuvo llena de infantes, muchos de ellos indígenas del Cauca. La clase política colombiana, en los 90 tomó la equivocada determinación de “echarle tierrita” a los delitos del ‘M’, razón por la que las víctimas de esa guerrilla jamás tuvieron oportunidad de ser reparadas y la sociedad en general no pudo conocer la realidad de los hechos protagonizados por los bandidos que fueron comandados por los psicópatas Jaime Bateman y Carlos Pizarro, este último presentado como el supuesto progenitor de la alevosa congresista María José Pizarro, quien hasta no hace mucho respondía al nombre de María José Barón.
Las FARC eran un grupo dedicado exclusivamente al reclutamiento forzado. Hizo de aquel crimen de lesa humanidad una práctica sistemática y generalizada. Miles de niños fueron llevados a sus campamentos, como muy probadamente ha expuesto durante mucho tiempo la congresista del Centro Democrático Margarita Restrepo, la parlamentaria colombiana que más ha luchado por hacer valer los derechos de las víctimas de reclutamiento, exigiendo verdad, garantías de no repetición y castigos efectivos a los responsables de ese crimen.
El gobierno nacional no puede, bajo ninguna circunstancia, renunciar a su deber de proteger y garantizar la vida de todos los ciudadanos. Y para ello le corresponde planear y ejecutar las acciones militares y de policía necesarias contra los grupos armados al margen de la ley.
A la luz del derecho internacional, materia que parecen desconocer los enemigos del gobierno y los validadores del terrorismo, quien recluta a un menor de edad es responsable de lo que a éste le suceda.
Las bandas terroristas que llenan sus cambuches con niños son las responsables de la suerte que corran los mismos en el marco de las acciones militares que ejecuten las fuerzas del orden.
Se equivocan radicalmente los senadores afectos al terrorismo al pretender responsabilizar al ministro de Defensa Diego Molano por las bajas de algunos adolescentes durante un bombardeo legítimo a una estructura del ELN. Esos parlamentarios, entre los que -cómo no- se encuentra alias ‘Don Iván’ deberían enfocar su indignación sobre el ELN y no sobre las FF.MM. Se está pidiendo y anhelando un imposible, pues esos congresistas tienen una agenda que riñe con los intereses del Estado.
Publicado: octubre 11 de 2021
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