Camilo Romero Galeano, es un político postizo, que ha sabido memorizar frases efectistas para construir una carrera que primero lo llevó al senado de la República y ahora lo tiene como gobernador de su departamento, Nariño.
Su crecimiento se dio en medio del boom de la izquierda suramericana. Su estilo es bastante parecido al del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa. Repitiendo mensajes que calan en la gente, Romero se ha ganado un lugar en la política nacional.
Su futuro era promisorio, hasta que se develó que detrás de toda esa parafernalia discursiva y comunicacional, hay un entramado de corrupción.
De acuerdo con la fiscalía general de la nación, Camilo Romero, a través de un decreto, direccionó la adjudicación de la distribución del aguardiente de su departamento a favor de una empresa –Licores de Nariño S.A.S-, cuyo propietario, Richard Giovanny Portilla Díaz había respaldado su candidatura a la gobernación.
Cuando un izquierdista se ve acorralado por la acción de la justicia, inmediatamente procede a inventar persecuciones y victimizaciones para efectos de contener la acción de los investigadores. Eso mismo ha hecho el señor Romero, llegando a niveles inauditos.
El gobernador de Nariño debe explicar por qué, de la noche a la mañana, facilitó que una empresa sin ninguna experiencia se quedara con un negocio de más de $100 mil millones de pesos, desplazando a la compañía que desde hace algunos años venía cumpliendo con la distribución del aguardiente nariñense de manera eficiente y rentable.
La fiscalía considera que en ese negocio se cometieron irregularidades, empezando por el suministro de información privilegiada al ganador del contrato.
El gobernador Romero, equivocadamente, ha intentado politizar la investigación que se adelanta en su contra y que podría terminar llevándolo a la cárcel.
La primera en salir a defenderlo fue la cuestionada Claudia Nayibe López, quien cuenta con el respaldo de Romero a su aspiración presidencial.
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Es muy posible que Camilo Romero, siguiendo las “enseñanzas” del exterrorista del M-19, Gustavo Petro, resuelva pasarse por la faja las decisiones de la justicia, echando mano de su discurso izquierdista en el que frecuentemente repite que los derechos de “los del sur” son vulnerados, en un intento burdo por agitar la peligrosa lucha de clases.
Así como gobernadores involucrados en hechos de corrupción tienen que responder judicialmente por los delitos cometidos –es el caso de Alejandro Lyons, por ejemplo-, Romero, así sea de izquierda, también debe poner la cara y asumir las consecuencias de sus actos, si al final del día se comprueba que procedió en contra del ordenamiento jurídico nacional.
Que el farsante gobernador de Nariño guarde por un minuto sus frases de bolsillo y más bien se dedique a buscar un buen abogado que lo ayude a salir del monumental lío en el que está metido.
Publicado: octubre 9 de 2017
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