No tiene porqué sorprender que el presidente de Fedegán haya corrido a aceptar la oferta de Petro para que se integrara a la mesa de negociaciones con la banda terrorista ELN.
Lafaurie es un hombre complejo, por decir lo menos. Cuando le corresponde justificar sus decisiones tiene razones de sobra, las cuales, generalmente, son expuestas en el tono profético que adoptan los embaucadores.
Esta no es ni será la última vez que el Estado se siente a negociar con los terroristas del ELN. Los primeros acercamientos se dieron a finales de la década de los 80 del siglo pasado cuando se instalaron sendas mesas con lo que entonces se llamó “coordinadora guerrillera Simón Bolívar” de la que hacían parte las Farc, el Quintín Lame, El partido revolucionario de los trabajadores, el M-19 y el ELN que entonces era liderado por alias el cura Pérez.
Desde entonces, todos los intentos de paz con los ‘elenos” han fracasado. Una disidencia de esa banda, la corriente de renovación socialista, de la que hacia parte León Valencia, alias Gonzalo y el actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo suscribió un acuerdo de entrega de armas y reincorporación a la vida civil en abril de 1994, cuatro meses antes de que culminara el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo.
Samper trató de acordar algo con esa guerrilla sin éxito alguno. Al final de su periodo, luego de que millones de personas votaran por el llamado ‘mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad’, una iniciativa de origen ciudadano, un grupo de personas que se presentaron a si mismas como “sociedad civil” adelantaron una ronda de conversaciones con delegados de alias Gabino en Maguncia, Alemania.
En dicho encuentro se llegó a un acuerdo bastante exótico: la “sociedad civil” creyó que era maravilloso que el ELN se comprometiera a no secuestrar menores de edad ni personas de la tercera edad. Así, de alguna manera, se legitimó que quienes estuvieran entre los 18 y los 60 años sí podrían ser secuestrados por esa banda terrorista.
Pastrana también se aproximó a esa guerrilla, a pesar de la brutal masacre ocurrida en la población de Machuca donde murieron 70 personas como consecuencia del devastador incendio que se desató por la voladura del poliducto.
El ELN demandaba el despeje de una parte del sur de Bolívar para sentarse a negociar con el Estado. Como no se cumplieron las condiciones, la guerrilla continuó delinquiendo.
En el gobierno del presidente Uribe se extendió la posibilidad de un diálogo, sin despeje. Se acordó que los acercamientos tuvieran lugar en La Habana, ciudad donde se adelantaron algunas rondas, pero se hizo evidente que la guerrilla no tenía intenciones reales de paz.
Una negociación real con el ELN debe partir de tres presupuestos fundamentales: cese inmediato de todas las acciones violentas, liberación de los secuestrados y desvinculación de la totalidad de menores reclutados forzosamente.
Exigencias mínimas que no hizo Santos durante los acercamientos que hizo con ese grupo que, a comienzos de 2019 -administración de Iván Duque-, asesinó brutalmente a 22 cadetes en la Escuela General Santander de la policía nacional.
Duque, como correspondía, cerró cualquier posibilidad de diálogo y exigió que Cuba ejecutara las circulares rojas de Interpol contra los cabecillas escondidos en la isla de los Castro.
Las extradiciones no se produjeron y durante 4 años el régimen de Díaz-Canel se encargó de cuidar a quienes llevan las riendas criminales del ELN.
Uno de los primeros anuncios de Petro fue el de la reanudación de las negociaciones con la otrora llamada “unión camilista ELN”. Pocas horas después de su posesión como ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán viajó a Cuba en compañía del comisionado de paz y del senador de las Farc Iván Cepeda. Desde allá se anunció la instalación de la mesa con la guerrilla.
Y Petro, habilidoso, resolvió meter en su equipo de negociadores a otro habilidoso: José Félix Lafaurie.
Es fácil prever el epílogo de la historia: los acuerdos entre bandidos no son estables ni duraderos.
Publicado: noviembre 22 de 2022
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