Era un secreto a voces. Desde hace muchísimos años se ha venido hablando de la infiltración de agentes de inteligencia cubanos -el tristemente célebre G2- en nuestro país.
No era una fábula, ni una teoría conspirativa. La extrema izquierda neocomunista de Colombia, ha tenido en Cuba una fuente inagotable de recursos y de respaldo político, razón por la que se ha encargado, durante décadas de allanar el terreno para que lo espías puedan hacer de las suyas, sobre todo en materia de agitación política en distintos puntos de nuestra geografía.
La presencia de los espías es comparable a los billetes de mil dólares: todo el mundo sabe que existen, pero nadie los ha visto. Por lo menos hasta ahora que la Revista Semana les puso rostro, nombres y apellidos, empezando por el cuestionado embajador de Cuba en Colombia, un sujeto llamado José Luis Ponce Caraballo quien en el pasado fue expulsado de los Estados Unidos por, precisamente, adelantar acciones de inteligencia en ese país.
Ponce fue acreditado en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Resulta altamente preocupante que el gobierno de entonces no haya hecho la debida diligencia respecto de ese sujeto antes de conceder el beneplácito para su nombramiento. A ciencia y conciencia, Santos permitió que la satrapía cubana enviara como embajador a un peligroso espía.
Este escándalo, que se suma al de los espías rusos que fueron expulsados de nuestro país a finales del año pasado, obliga a que se adopten medidas drásticas y se implementen protocolos eficaces para evitar que países enemigos -que a su vez son aliados de Venezuela- utilicen nuestro territorio para ambientar el triunfo de la extrema izquierda neocomunista y chavista en las elecciones presidenciales de 2022, en cabeza del exterrorista del M-19 Gustavo Petro.
Conocida la publicación de Semana, el presidente Iván Duque anunció que su gobierno, bajo ninguna circunstancia, permitirá la presencia de agentes extranjeros encubiertos.
En palabras del primer mandatario: “cuando nosotros observemos que en territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones internacionales procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión…”.
Este escándalo obliga a recordar un episodio ocurrido durante los años de la nefanda zona de despeje del Caguán, cuando el gobierno iraní intentó, a través de su embajada, “donar” un frigorífico en el área que estaba bajo control de la banda terrorista de las Farc.
Es claro que los países que impulsan regímenes antidemocráticos como el de Venezuela, están empleados a fondo para lograr que nuestro país caiga en las garras del nocivo socialismo del siglo XXI.
Históricamente, los gobiernos colombianos han tratado con guantes de seda a la dictadura cubana. No son pocos los actos inamistosos que esa autocracia ha observado respecto de nuestro país. El hecho de que los cabecillas de la banda terrorista ELN sigan refugiados en la isla es, de suyo, razón potísima para evaluar la conveniencia de mantener relaciones con ese país, recientemente catalogado como “Estado patrocinador del terrorismo” por el gobierno saliente de Donald Trump.
El presidente Duque ha sido un gobernante vertical frente a las amenazas externas contra nuestro país. Cuando se posesionó, adoptó la decisión de no enviar embajador a Venezuela y de retirar a los cónsules que había en ese país. Así mismo, no le tembló el pulso para sacar a Colombia de Unasur, organismo multilateral diseñado para lavar el rostro del Socialismo del Siglo XXI. Seguramente, con las evidencias de la participación del embajador cubano en actividades de espionaje, el primer mandatario tomará las determinaciones a que haya lugar, porque lo cierto es que en el gobierno que se enaltece la legalidad, no hay cabida para agentes diplomáticos que violen nuestras normas internas y que participen en actividades de inteligencia.
Publicado: enero 17 de 2021
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