Uno de los grandes errores históricos del País ha sido pensar que perdonando la violencia se consigue la paz, a través de figuras como el delito político. Prácticamente renunciar a la sanción penal y abrir las puertas a la participación política se ha convertido en la fórmula mágica con que se pretenden superar las agresiones, pero no termina siendo otra cosa distinta a un círculo vicioso de nunca acabar.

La lógica del delito político es bastante clara: se legitima el hecho que un grupo de personas se rebele contra un Estado injusto y tiránico. Un pensamiento bastante romántico, pero que se puede expandir sin límites y que ciertamente no tiene cabida en una democracia moderna, donde los escenarios de participación cada vez son más abiertos y pluralistas.

Es, en otras palabras, una invitación por parte del Estado para que lo ataquen y traten de cambiar su existencia, cuando, por el contrario, una conducta de esta naturaleza debería ser castigada con la mayor de las severidades.

En especial, porque este discurso envía un mal ejemplo que mantiene vigente las aspiraciones de aquellos que pretenden tomarse el poder por la fuerza o de quienes encubren sus actividades delincuenciales en supuestas aspiraciones políticas. ¿O no recuerdan la lucha de las Farc por catalogar el narcotráfico como delito conexo al delito político?

Y claro, como en teoría el fin de la conducta delictiva no es el enriquecimiento o el beneficio personal sino la defensa de una visión de País, no se puede cerrar la puerta a la participación electoral de aquellos que se levantan en armas contra el Estado, dado que su lucha está legitimada.

De hecho, bajo esa lógica es que la mayoría de Gobiernos desde la Administración Betancourt han creído que la negociación política es el único camino posible hacia una verdadera paz. Sin embargo, lo uno nunca ha llevado a lo otro y, por el contrario, el mal ejemplo de impunidad terminó generando posteriores brotes de violencia que solo se han podido controlar con un ejercicio de autoridad del Estado, a tal punto que el periodo donde se lograron las mayores reducciones en actos violentos, como del 92% de secuestros o 46% de homicidios, fue de 2002 a 2010, cuando se cerraron las puertas al intercambio de armas por votos y se lograron desmovilizar a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Algo nunca antes visto.

Ahora bien, los defensores del delito político y aquellos ex guerrilleros que buscan exculpar los crimines de su pasado auto proclamándose revolucionarios afirman que el derecho a la rebelión es inherente a la democracia y cometen la osadía de comprarse con Washington o Bolívar. Sin embargo, hay un aspecto que dejan de mencionar: el éxito del proceso.

En efecto, si la causa revolucionaria logra revocar al orden vigente, se da paso a una nueva estructura política. De lo contrario, si fracasa en el proceso, sencillamente debe ser castigada con severidad. El problema, es cuando se adoptan figuras tibias como el delito político que le otorga un tratamiento penal benigno y le abre las puertas a la participación política a aquellos que quisieron derrocar al Estado y no lo lograron.

Es prácticamente un premio de consolación que termina deslegitimando a la institucionalidad y reivindicando las causas subversivas. Por eso, el País debería corregir de una buena vez el error que se cometió en la constituyente de 1991 y eliminar una figura que en aras de eliminar la violencia termina perdurándola.

@LuisFerCruz12

Publicado: marzo 17 de 2021