Aunque el Distrito desistió del cobro a los restaurantes inscritos en Bogotá A Cielo Abierto durante 2021, preocupa que se contemple esta contribución para 2022. El afán desmedido por incrementar los ingresos de las entidades públicas no puede afectar la reactivación económica, la disminución de la tasa de desempleo ni encarecer los ya elevados costos de producción del comercio formal.
Si hubo un sector seriamente afectado por la pandemia fue el gastronómico. Sus ingresos se redujeron un 44% durante el 2020, más de 22.000 restaurantes cerraron y se perdieron 320.000 empleos. Una verdadera tragedia social que tuvo un mitigante en la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto.
Por eso, causó tanto impacto el borrador de Decreto que publicó esta semana el Distrito y que contemplaba un cobro a los establecimientos gastronómicos por el uso del espacio público, lo cual, además de ser absurdo en medio de una maltrecha reactivación económica por las cuarentenas y los bloqueos, acarrea dos grandes inquietudes.
La primera, es saber hasta cuándo el sector publico abandonará su eterno afán de generar más ingresos a costas de los contribuyentes para enfocarse, más bien, en disminuir el gasto. Todos los días los funcionarios del Estado se preocupan por acudir al endeudamiento o a nuevos tributos para financiar programas y burocracia que no parecen tener fin, mientras el sector privado sufre las consecuencias de una asfixia impositiva que afecta la competitividad de la industria nacional.
La segunda, es referente a las profundas diferencias con que el Distrito aborda el comercio formal y el informal. Por ejemplo, durante el año largo que lleva la pandemia los locales tuvieron que cumplir las restricciones del pico y cédula, control de aforo, medidas de bioseguridad y límite en los horarios de funcionamiento.
Al mismo tiempo, las aglomeraciones que se registraban el comercio informal de la Carrera 7ma, San Victorino y otros múltiples sitios de la ciudad no tenían control alguno. La severidad de la Secretaría de Gobierno con los empresarios de los centros comerciales y restaurantes distaba radicalmente con la laxitud extrema con los vendedores ambulantes.
Y con esto no me estoy oponiendo al sector informal, el cual es fuente de subsistencia de prácticamente la mitad del País. Sin embargo, es más que necesario que el Distrito deje de usar un doble racero cuando se trata de adoptar medidas restrictivas o tributarias frente a estos actores.
¿O acaso el eventual cobro a los restaurantes que participan en Bogotá a Cielo Abierto también será extensivo a los comerciantes informales que usan el espacio público? Por supuesto que no…
Si bien esta contribución no se hizo efectiva para 2021, tampoco debe serlo para 2022 ni ningún año subsiguiente. Una medida de esta naturaleza encarecería aún más los ya elevados costos de producción de los empresarios formales que deben asumir obligaciones tributarias, salariales, aportes a seguridad social y todo tipo de prestaciones sociales.
Una lógica absurda que afectaría la generación de nuevos empleos y que debería cambiarse por una reducción de las nóminas paralelas de contratistas, gastos de publicidad, eliminación de entidades con duplicidad de funciones y, en general, una disminución de los costos de funcionamiento del Distrito.
Publicado: julio 9 de 2021